¿Qué recuperación? ¿Qué beneficiados? – II

En el artículo anterior habíamos analizado la evolución del mercado de trabajo desde el punto de vista de los propios trabajadores, intentando descubrir si el reciente optimismo económico del gobierno está justificado desde nuestra realidad laboral actual y nuestras expectativas de futuro. Analicemos ahora otro de los factores que el gobierno esgrime como prueba de recuperación económica: las inversiones extranjeras en nuestro país. En el imaginario de la calle, esa expresión, “inversiones extranjeras”, se asocia inevitablemente al establecimiento o a la ampliación de empresas que dan empleo a trabajadores actualmente en el paro. En la práctica, como veremos en este artículo, las inversiones extranjeras no tienen por qué estar ligadas a ningún tipo de actividad productiva.

La triste realidad es que la inmensa mayoría de esas inversiones extranjeras de las que presume el gobierno sólo se corresponden con la compra por parte de grandes fondos de inversión internacionales de los chollos que están disponibles en España como consecuencia de la crisis. Es decir, es capital especulativo que busca un beneficio rápido sin importarle las consecuencias. Para que nos hagamos una idea: los pisos sociales vendidos por el Instituto de la Vivienda de Madrid con sus inquilinos dentro y comprados por fondos buitre se corresponden con las tan cacareadas inversiones extranjeras. No es un ejemplo excepcional: en los últimos años se han vendido cientos de millones de euros por parte de administraciones en forma de edificios, complejos o espacios públicos [1]; el magnate chino Wang Jianlin, actual propietario del edificio España en Madrid, está en negociaciones ahora para adquirir los enormes terrenos de defensa en Campamento; fondos buitre de diversas procedencias han comprado hipotecas y préstamos impagados de todos los bancos para perseguir por su cuenta a los deudores… Ejemplos como estos llenan diariamente las páginas de la prensa económica.

El área principal en la que se han centrado las inversiones es el maltrecho mercado inmobiliario dejado por la explosión de la burbuja. La compra de activos inmobiliarios por parte de fondos especializados suma miles de millones de euros anuales. Por un lado, el conocido como banco malo (la SAREB) está vendiendo paquetes de propiedades procedentes de los bancos a mitad de precio, principalmente pisos de segunda mano y obra nueva terminada. La actividad compradora es también muy activa en aquellos parques logísticos y centros comerciales que, aunque con perspectivas de futuro, pasan por problemas en estos momentos de crisis. Por último, las diversas administraciones están intentando hacer caja con la venta de propiedades públicas. En esta línea, todas las comunidades autónomas tienen propiedades en venta (incluyendo hasta reservas naturales), aunque el interés de los compradores se centra mayoritariamente en Madrid y Barcelona. En cualquier caso, estos compradores no aceptan nada que no sea un chollo: por ejemplo, la antigua sede del Area de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid sólo pudo se vendida al Bank of China después de rebajar un 40% su precio de salida.

En otros casos, las inversiones son invocadas directamente por empresas o administraciones públicas españolas que buscan dinero contante y sonante con el que pagar deudas sin dejar de hacer uso de las propiedades. Es el caso del acuerdo entre la Generalitat catalana y el grupo francés AXA, por el que este último compraba 13 edificios públicos que seguirían siendo usados por el gobierno catalán, ahora en régimen de alquiler. En ocho años AXA habrá recuperado su inversión y, a partir de ese momento, todo serán beneficios. Es el mismo sistema que usó el BBVA para hacer caja con su más de 1000 oficinas. Esta práctica ha sido común a lo largo y ancho de todo el país.

El campo de la economía productiva también se ha visto afectado por estas entradas de capital extranjero, y no precisamente con la intención de crear puestos de trabajo. Empresas extranjeras se han hecho con el control de importantes empresas de antiguo capital español como Iberia, Endesa, Deoleo (antiguo SOS), etc. y han entrado con fuerza en otras como FCC o el mismo Santander. Es dudoso que en alguno de estos casos la compra haya creado algún puesto de trabajo; lo que es seguro es que en otros los ha destruido o se ha llevado fuera los puestos más cualificados. Es el caso de Iberia, que ha perdido gran parte de su actividad en nuestro país a beneficio del Reino Unido, sede del consorcio comprador. Amenaza también ser el caso de Deoleo, poseedora de la mayor parte de la producción de aceite de la península, que ahora puede ser procesado y etiquetado en otras zonas del mundo según conveniencia. Es un modelo de país colonizado, en el que nosotros ponemos los puestos de trabajo del sector extractivista y los procesos cualificados que aportan valor añadido escapan a los países donde conviene al capital.

Como ya vimos respecto a la legislación laboral, esta situación de rapiña no es una consecuencia inesperada de la crisis; el gobierno del PP y la Unión Europea (en su versión Troika) han presionado y legislado para ello. Lo han hecho al crear la figura de las SOCIMI, que son modelos de empresa pensados para que los nuevos grandes poseedores de parques de vivienda en alquiler no paguen impuestos. Lo han hecho con las reglas de funcionamiento de la SAREB (el famoso banco malo), que vende los lotes más jugosos a precio de saldo a inversores institucionales (léase fondos de inversión, los mismos que luego no pagan impuestos cuando los agrupan en SOCIMIs). Lo han hecho cuando han forzado los desahucios, no abriendo alternativas para que la gente en dificultades pudiera conservar su casa. Lo han hecho cuando el rescate de la Troika a la banca española incluía cláusulas para que los bancos rescatados tuvieran que vender forzosamente sus carteras empresariales aunque rentaran beneficios.

Como en el caso de las condiciones laborales que tratamos en el primer artículo de esta serie, podemos también encontrar aquí una transferencia de riqueza de los trabajadores al capital. Así ocurre cuando miles de personas pierden su casa cada año después de haber estado pagándola al precio de la burbuja y la misma casa acaba en manos de un fondo buitre a la mitad de ese precio. También ocurre cuando ese mismo fondo coloca la casa en el mercado de alquiler (posiblemente para que la acaben alquilando los mismos que fueron desahuciados de ella) con un modelo legal que le evita pagar impuestos. Ocurre también cuando, aprovechando el momento de shock de la crisis, los parques de viviendas sociales gestionados por las administraciones públicas son privatizados y sus inquilinos, provenientes de los sectores más indefensos, son abandonados súbitamente al mercado. Por último, es también un cambio de manos cuando las administraciones privatizan bienes públicos, mercantilizan parques naturales y la franja anteriormente protegida del litoral.

En resumen, lo que ellos llaman inversión extranjera se resume en tres capítulos. En primer lugar, la venta de saldo y con fines especulativos de un pastel que los capitalistas españoles no pueden digerir. En segundo, el inicio de una nueva fase de acumulación por parte del capital para iniciar un nuevo ciclo expansionista. En tercero y último lugar, la profundización del papel de colonia que sufre nuestro país con la transferencia al capital internacional de una nueva porción de nuestra economía.

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Autor: duval

Notas:

[1] Sólo el Ministerio de Defensa ha liberado para su venta 3,8 millones de metros cuadrados. La Comunidad de Madrid vende varios edificios en Gran Vía, Pza. de Chamberí, Embajadores o calle de Alcalá. La Junta de Andalucía ha vendido 70 edificios por 300 millones de euros a un grupo estadounidense. Fuente: periódico Diagonal, nro. 238.

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