¿Qué recuperación? ¿Qué beneficiados? – III

Hemos discutido en artículos anteriores sobre dos variables económicas que el gobierno usa para justificar una supuesta recuperación: el trabajo y las inversiones extranjeras. En este último texto analizaremos una última variable que, sin haber mejorado en absoluto, se permiten utilizar como prueba de una mayor confianza en la economía española. Nos estamos refiriendo a la deuda.

Antes de empezar a dar números debemos aclarar que la deuda se suele expresar en relación a la riqueza del país, pues no tiene sentido comparar la deuda absoluta de un país pequeño o poco desarrollado con la de otro país grande o poderoso. Por eso la deuda se suele dar con respecto al indicador más extendido del tamaño de una economía: el producto interior bruto o PIB, que representa la suma de toda la “riqueza” que genera un país en un año. La verdad es que, desde una perspectiva crítica, el PIB no es una variable muy apreciada, pues pone en el mismo plato de la balanza la inversión en cosas tan dispares como la educación o las armas, la agricultura y el tráfico de drogas. Sin embargo, al ser el indicador más extendido, lo usaremos.

Hecha esta aclaración, podemos decir que la deuda pública en España estaba en unos valores bajísimos antes de la crisis. Su valor era del 40% del PIB. Es decir, debíamos tanto como la riqueza que generaba España en casi cinco meses. Además, cada año esa deuda estaba menguando, ya que los ingresos del estado eran mayores que sus gastos, situación a la que se llama “de superávit”. Por desgracia, esto no quiere decir que el gobierno de la nación, entonces en manos del PSOE, estuviera haciendo algo que beneficiara a los trabajadores; como suele ser la costumbre, sucedía lo contrario. En aquel momento no teníamos superávit porque ingresáramos muchos impuestos, sino porque se gastaba muy poco en gasto social. De hecho, en aquella época de vacas gordas se aprovechó, no para acercar nuestros servicios públicos a la media europea, sino para bajar los impuestos a las clases más pudientes haciendo creer que la bonanza derivada de una burbuja coyuntural iba a durar siempre.

Aunque la deuda pública estuviera en retroceso, no ocurría así con la deuda privada. Por un lado, y en contra de lo que nos quieren hacer creer, desde la transición los salarios en nuestro país no han hecho sino reducirse en relación a la riqueza global. En los diez últimos años de supuesta bonanza, entre 1996 y 2006, a pesar de haberse incorporado cinco millones de trabajadores al mercado laboral, la participación de los salarios en la riqueza nacional había descendido un dos por ciento. La única manera en la que los trabajadores fueron “invitados” a participar en la subida especulativa de la época de la burbuja fue mediante el endeudamiento: el trabajador que necesitaba un piso para vivir, pisos que estaban subiendo de precio, no disponía de un mejor salario, sino de más facilidades para hipotecarse. Ese endeudamiento fue subvencionado por los países del norte de Europa, sobrados de dinero en busca de rendimiento. El mismo capital europeo vino también a alimentar los excesos del sector empresarial nacional, fundamentalmente en su vertiente inmobiliaria y financiera.

Cuando empezó la crisis se unieron dos tendencias naturales contra la deuda pública: por un lado descendieron los ingresos del estado por impuestos y por otro aumentaron los gastos en prestaciones sociales como el paro. A esto se unió un tercer elemento adicional propio de los países que habían sufrido un fenómeno de burbuja: los acreedores internacionales forzaron -sin mucho esfuerzo, todo sea dicho- al gobierno a aceptar como deuda pública la deuda que habían creado las entidades privadas de manera totalmente descontrolada y especulativa. Esto se llevó a cabo a través de las ayudas a la banca concedidas en forma de avales, cambios legislativos o rescates directos a costa del erario público. En esta situación la deuda comenzó a ascender año tras año, ya que, por los tres motivos explicados, el estado gasta más que lo que ingresa, situación conocida como déficit.

Las autoridades económicas de la Unión Europea fueron creadas desde un primer momento con una autonomía absoluta ajena a controles democráticos; su ideología neoliberal debía ser preservada de cambios de gobiernos. El Banco Central Europeo (BCE), a diferencia de su equivalente norteamericano, no tiene entre sus objetivos la búsqueda del máximo empleo y, sin embargo, promueve una lucha obsesiva contra la subida de precios (la inflación), empeño ridículo en el momento actual en el que la paralización hace que los precios estén incluso bajando. Además, tienen prohibido en sus estatutos el préstamo directo a los estados; deben hacerlo a través de la banca, lo que permite al mercado controlar el grifo del gasto público además de obtener beneficio con la financiación de la deuda que han obligado a los estados a asumir.

La postura de estas autoridades económicas ha quedado clara en la situación actual de crisis. Sin atender a las causas del déficit ni a la situación estructural de cada país, se declaró el déficit en general como el enemigo número uno de la Unión, y se recetaron unas medidas para reducirlo que, casualmente, volvían a caer en las espaldas de los de siempre: no cuestionaban sino que favorecían activamente las ayudas a los bancos; no pedían la subida de impuestos ligados a la riqueza, sino que exigían la subida de los impuestos sobre los gastos corrientes, como el IVA; se imponía el recorte en prestaciones sociales como pensiones, desempleo, sanidad y educación; por último, se apostaba por una “devaluación interna” en los países afectados a base de rebajas salariales. Además, como prueba evidente de la intención de falsear la situación, se acusa al gasto en servicios públicos de ser el responsable original del déficit. Esto cumplía un doble objetivo: apartar las miradas del verdadero culpable -la búsqueda financiero-especulativa de beneficios por parte del capitalismo en las últimas décadas- y fomentar el desmantelamiento de dichos servicios públicos como medio de apropiarse aún de más beneficios. Para ello, incluyen en el paquete de medidas a tomar la reducción y privatización de los mismos, con objeto de hacerlos “más eficientes”. Finalmente, para dejar estas medidas blindadas fuera del alcance de futuros gobiernos obligaron a la modificación de la Constitución Española cuando la suma de parlamentarios del PPSOE permitía la elevada mayoría necesaria. Este paquete de medidas es el que comenzó a aplicar el PSOE y el que ha adoptado como un catecismo el PP, siguiéndolo punto por punto.

Sin embargo, por mucho que han machacado los servicios públicos, por mucho que han quitado pagas extra o han dejado de contratar a empleados públicos, por mucho que han privatizado todo lo que han podido, a pesar de todos eso, ha pasado lo que tenía que pasar: la deuda no ha frenado en nada su ascenso y el año pasado alcanzó nada menos que el 100% del PIB o, lo que es lo mismo, el valor de todo lo que produce nuestro país en una año completo. De hecho, la propia deuda se ha convertido en un cuarto factor que ayuda a su propio engorde: los intereses que pagamos por ella -a bancos y especuladores- ayuda a incrementar los gastos del estado y con ellos el déficit.

La realidad es muy simple: esa deuda nunca podrá ser pagada con las reglas del juego actuales; ha pasado ya el punto de no retorno para un país de bajos impuestos, economía débil y poco donde recortar. Nuestro país sencillamente no tiene la capacidad de devolverla nunca y finalmente deberá ser cancelada de una manera o de otra. Paradójicamente, para cuando esto ocurra, posiblemente hayamos pagado más intereses por ella que el valor de la cantidad inicialmente prestada. Eso lo saben todos los economistas, lo saben para la deuda española y lo saben con mucha mayor certeza para la deuda griega. Pero cuando el gobierno de aquel país lo plantea abiertamente dejan de lado todo conocimiento práctico y se agarran a tópicos de andar por casa como la simplonería de “las deudas hay que pagarlas”, como si no supieran ellos que la deuda de cualquier empresa puede ser perdonada parcialmente si la empresa presenta un plan de reestructuración que la haga viable. No es solo que los prestamistas quieran exprimir al máximo a los deudores, no es solo que no quieran sentar precedentes de impago; dicho con claridad: la deuda es el chantaje permanente con el que nuestros “socios” europeos obligan a mantener las políticas económicas de su interés.

De igual manera que la escalada de intereses de 2011 no encontraba sus raíces en la situación objetiva española, la caída de intereses de 2014 tampoco lo hace, por mucho que el gobierno quiera atribuirse el mérito. En primer lugar y como ya hemos indicado, por muchos recortes de todo tipo que se han aplicado, la deuda y el déficit no han variado su ascenso en ninguno de los años de gobierno del PP. Si esto tuviera que tener algún efecto debería ser el de acrecentar el pánico, pues si el gasto social excesivo fue el motivo esgrimido para comenzar la sangría, la resistencia de la deuda a los recortes debería ser tratada como un motivo de absoluta desconfianza a las posibilidades del país. En realidad, la falta de lógica en el desarrollo de los acontecimientos vuelve a poner de manifiesto la falsedad del planteamiento y de la solución. Una vez más la explicación real a la bajada de intereses vuelve a encontrarse fuera de nuestras fronteras. Por un lado, a mitad de 2012, cuando todos los planes de rapiña en los países intervenidos ya estaban en marcha y convenientemente asegurados, el Banco Central Europeo dijo las palabras mágicas: pondría todos los recursos necesarios para evitar una caída del euro. ¿Quería decir esto que iba a asumir sus funciones de banco central e iba a prestar directamente a los estados? Si a estas alturas hemos llegado a comprender algo sobre su manera de funcionar sabremos que no, pero el mensaje llegó claro a sus destinatarios: había terminado la fase de la domesticación por la deuda. Desde ese momento los intereses comenzaron a abandonar la zona especulativa.

La última fase de descenso de la deuda también tuvo como causante al BCE, y tampoco estuvo motivada por la intención de ayudar a las economías más dañadas, sino por la de proteger a las economías del norte, que están entrando en zona de peligro. Desde el principio de la crisis, las grandes empresas alemanas han estado dirigiendo la economía europea en su provecho. El euro fuerte les permitía invertir en países emergentes, como China, y su bajo nivel de salarios aseguraba cuantiosos beneficios dentro del sector de producción cualificado que monopolizan. Pero en los últimos dos años, el descenso irremediable del consumo europeo y la falta permanente de consumo interno ha llevado a la economía alemana al estancamiento. Sólo en ese momento en que Alemania ha comenzado a tener problemas ha actuado el BCE para activar la economía. Así, durante la segunda mitad del pasado año se anunciaba el plan para hacer circular el dinero que incluía, entre otras, la medida de penalizar el depósito de fondos de los bancos privados en las arcas del BCE. Donde antes se daban intereses por guardar el dinero, ahora se pasaba a cobrar una penalización. Ha sido en este escenario de falta de oportunidades de inversiones rentables y de bloqueo del almacenamiento del dinero cuando la deuda pública se ha vuelto a convertir en un destino seguro donde “guardar” los capitales que no tienen dónde ir a parar. El punto culminante llegaba hace pocas fechas, cuando durante unas horas los inversores llegaron a pagar dinero por comprar deuda española.

En el tratamiento de la deuda hemos podido observar dos comportamientos que ya habíamos identificado cuando hablamos del trabajo y de la inversión extranjera: la transferencia de recursos desde las clases populares a las grandes empresas e inversores y la voluntad consciente y coordinada de las instituciones políticas y económicas para dar base legal a este expolio. Pero, además, en el caso de la deuda salta más a la vista un componente adicional: la creación intencionada de un problema con el ánimo de establecer una presión insoportable que juegue a favor de sus intereses. Este chantaje manifiesto sigue las lineas de actuación de “la doctrina del shock”, según la cual en un momento de crisis extrema la gente puede aceptar que le impongan medidas que en otra circunstancias habría rechazado con virulencia. La deuda pública española ha sido inflada para rescatar el sistema -SU sistema- que se les caía, se la ha usado para acusar a los servicios públicos de ser sus causantes, se han subido sus intereses sin motivo justificable para llevar a la gente al extremo de aceptar condiciones de guerra y se han usado esos intereses como balón de oxígeno para la banca. Ahora, cuando después de todo tipo de sacrificios la deuda ha seguido aumentando inexorablemente, en Europa se les olvida reclamar al gobierno de Rajoy el cumplimiento de los objetivos de déficit con los que machaconamente nos han estado torturando durante tres años. Pero claro, es año electoral, hay que permitir al PP que sea espléndido en el gasto durante unos meses, no vaya a ser que la gente se harte de sacrificios. Ya llegará noviembre y, sea quien sea el ganador de las elecciones generales, la amenaza de la deuda seguirá estando ahí para obligarle a seguir el camino correcto.

Conclusiones

Como vemos, las variables económicas pueden ser presentadas de manera que aparenten cosas muy diversas. Los mismos poderes controlan su origen, su evolución y su interpretación. Si aprendemos a leerlas como clase nos daremos cuenta de que todo se está jugando en nuestra contra y de que los únicos que se están beneficiando y se van a beneficiar de su evolución son las grandes empresas y los fondos de inversión internacionales. Si analizamos lo que tienen en común los temas que hemos visto en los tres artículos -el nuevo mercado laboral, la entrada de capitales especulativos y la sangría de la deuda- veremos que se ha organizado una transferencia de riqueza desde nuestras manos a las de los grandes capitalistas. A nosotros y nuestros hijos nos tienen reservado como único despojo el participar como trabajadores mal pagados, sin derechos y sin servicios públicos en los trabajos esporádicos que se puedan ir generando.

El Partido Popular afirma que la economía ha mejorado y, atendiendo a los intereses a los que realmente representa, eso es verdad. Posiblemente el descontento popular será ya lo bastante acusado en las próximas citas electorales como para que acabe fuera de algunas administraciones. Sin embargo, de poco servirá la salida del PP si los distintos reemplazos no quieren apuntar a la verdadera raíz de los problemas. No se trata de esgrimir que es posible recaudar más impuestos o detener el desmantelamiento de servicios públicos, eso es hacer creer que tenemos un sistema que necesita unos pequeños ajustes para funcionar. Gane quien gane las próximas elecciones en España, el marco legislativo y los poderes económicos de la Unión Europea van a seguir siendo los mismos. Hacer creer que se puede establecer una negociación democrática con ellos para implantar ese tipo de medidas supone legitimar a los chantajistas y aceptar la imposibilidad de acción el día después de una hipotética victoria electoral. Dar por bueno este guión a estas alturas de la representación no se puede justificar ya en el desconocimiento o en la buena fe, sólo en la voluntad de aceptar el relevo en el poder para administrar la miseria.

Los trabajadores tenemos un duro camino por delante. Necesitamos formar fuerzas políticas y sindicales que señalen la verdadera raíz de nuestros problemas: el orden económico capitalista independientemente del cariz más o menos liberal que nuestra contestación le obligue a adoptar. Unas fuerzas que denuncien las estructuras comunitarias como antidemocráticas y contrarias a nuestros intereses, incapaces de servir de base a una Europa de los trabajadores. No se trata de una opción entre otras; la salida de la crisis que ha diseñado el capital es fundamentalmente incompatible con un futuro digno o democrático.

autor: duval

Para saber más:

sobre la deuda

Xabier Arrizabalo: “Balance del euro tras 20 años de Maastricht: destrucción económica, regresión social y cuestinamiento de la democracia.”

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