3º Tema

El siglo XIX.

Período 1808-1854

La guerra de la Independencia (1808-1814), y todavía más la prolongada reacción fernandina que la sucedió (con tan solo el movido interregno liberal de 1820 a 1823) incidieron negativamente en la economía española. El marasmo y el inmovilismo fueron sus rasgos característicos du­rante el primer tercio del siglo XIX. A las devastaciones de tierras y gana­dos, fatal consecuencia de la guerra, sucedió el mantenimiento a ultranza de las viejas estructuras político-sociales y el rudo golpe económico que significaba la emancipación de las colonias de América, con la sola excep­ción de las islas de Cuba y Puerto Rico. La pérdida de mercados america­nos se produjo progresivamente entre los años 1810 y 1820. Por último, se perdían poco después los yacimientos mineros del Perú.

Lo contradictorio de esta época es que la guerra de la Independencia (que presentó no sólo un aspecto nacional, sino también social) había constituido un fermento de transformación social, pero ésta fue bruscamente detenida por la Restauración. El viejo régimen quebró al ser incapaz de encarnar la resistencia nacional; en cambio, la burguesía de las ciudades del litoral y los intelectuales de clases medias fueron los que dieron la tónica a las Cortes de Cádiz y a la legislación española de 1812 y 1813. La obra de aquellas Cortes, que no se aplicó a causa de la restauración reaccionaria de 1814, era el principio de una revolución burguesa.

Las Cortes de Cádiz establecieron la libertad de industria por decreto de 8 de junio de 1813. Los gremios, si teóricamente no eran suprimidos, quedaban como entes fantasmagóricos una vez que se les arrancaban sus privilegios. Las mismas Cortes habían votado en agosto de 1811 la abolición de los señoríos, o sea 6.620 señoríos reales y 13.808 señoríos secula­res, eclesiásticos y de órdenes militares. Otro decreto del 4 de enero de 1813 había reducido a propiedad particular los baldíos y otros terrenos   comunes e instauraba el llamado <<premio patriótico>>, lotes de tierras que debían distribuirse entre combatientes (soldados y oficiales retirados y guerrilleros) y a aquéllos que no poseyendo tierras, lo solicitasen.

No menos importante había sido la ley del 17 de junio de 1812 que secularizaba e incorporaba al Estado los bienes inmuebles de las órdenes religiosas disueltas por el invasor.

En el trienio liberal de 1820-1823 se promulgaron nuevas leyes restableciendo la libertad de industria, la venta de la mitad de baldíos y realengos, (la otra mitad se repartiría entre veteranos de la guerra de la Independencia y campesinos sin tierra), disponiendo la supresión de toda clase de mayorazgos, fideicomisos, patronatos y vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, fueros, etc. De nuevo fueron abolidos los señoríos jurisdiccionales; también se votó una ley transfiriendo a la nación los bienes de las órdenes monacales, colegios regulares y conventos de las órdenes militares.

Inútil añadir que la nueva restauración absolutista, impuesta gracias a la intervención francesa de los llamados «Cien mil hijos de San Luis», convirtió en papel mojado todas esas leyes. En resumen, la acción del Estado a lo largo de más de treinta años no hizo sino frenar el desarrollo de las fuerzas de producción. No obstante, pasados los años difíciles que siguieron a la guerra, la agricultura se repuso e incluso se cultivaron nuevas tierras, con lo que fue particularmente impresionante el aumento de la producción triguera. Sin ningún género de duda, hubo algunas transferencias de propiedad agraria; unas se produjeron cuando el decreto del ministro Garay, en 1818, disponiendo la venta de baldíos y realengos para aplicar su importe a amortización de la Deuda pública y otras, entre 1820 y 1823, por personas que habían sido afectadas por la ley de Desvinculación. En fin, no hay que excluir la hipótesis de venta de predios pequeños por algu­nos miembros de la baja nobleza (hidalgos) arruinada.

El poderío político de la nobleza terrateniente, la ausencia de mercado interior y, sobre todo, la pérdida de los mercados coloniales no eran propicios al desarrollo industrial. La vida económica era tan débil que el Banco de San Fernando, creado en 1829, no encontraba empleo para sus propios capitales, los billetes apenas circulaban y las transacciones con los particulares eran casi inexistentes.

No obstante, el embrión de la industria textil catalana, que hemos visto ya desarrollarse en el siglo XVIII, siguió progresando pese a las vicisitudes de los años de posguerra, a las conmociones políticas y a que los gobiernos del trienio liberal no supieron interpretar en su justo valor los intereses de la burguesía catalana. Los aranceles proteccionistas de 1825 dieron impulso a esta industria, y la Comisión de Fábricas (organismo netamen­te representativo de la burguesía industrial del Principado) recobró vida y empuje. A este esbozo de resurgimiento no era ajeno el entonces minis­tro de Hacienda, Luis López Ballesteros, uno de los escasísimos políticos de aquella época y de aquel régimen que no concebía la política económica con un criterio feudal, sino capitalista. Esa política coincidió con el interés de Fernando VII en aquellos años por atraerse a la burguesía catalana en la lucha contra los apostólicos ultra-reaccionarios. En 1828, el Monarca visitó Barcelona, recibió a los industriales, y a partir de entonces se suprimieron numerosas trabas al desarrollo de la industria.

A esa misma política respondían los intentos de impulsar la producción de hulla asturiana, la ya citada creación del Banco de San Fernando, la de la Bolsa (1831), etc. Es más, el Gobierno adelantó 325.000 pesetas, para entonces cantidad muy elevada, y otorgó los permisos necesarios de im­portación de maquinaria para crear en Barcelona la gran fábrica de ma­quinaria textil El Vapor de la sociedad Bonaplata, Vilaregut, Rull y Compa­ñía (1832). Esta fábrica fue la introductora de los telares mecánicos en el país y tenía empleados cerca de 700 obreros. La junta de Fábricas, recelosa al principio, acabó inclinándose ante las ventajas de la nueva maquina­ria, lo que refleja también que los elementos representativos de la produc­ción manufacturera y semi-artesana iban perdiendo terreno en su seno. Así y todo, esa producción de tipo manufacturero era la dominante en el pri­mer tercio del siglo. Hacia 1828 contaba en Cataluña con unos 20.000 obreros. La verdadera industrialización de la producción textil debe contarse a partir del real decreto de 30 de abril de 1832, que suprimió toda clase de privilegios para introducir maquinaria de algodón en España, fecha desde la cual se registró un aumento esencial en las inversiones de equipo de la industria textil.

Las restantes industrias arrastraron una vida difícil durante el primer tercio del siglo XIX, que anulaba su capacidad receptiva de innovaciones técnicas: ferrerías vascas, bodegas andaluzas… todo siguió igual. Tan sólo cabe señalar la construcción en Marbella (Málaga), en 1832, de un alto horno que funcionaba con carbón vegetal, propiedad de la familia Heredia. Muy poco después se construyeron otros en Pedroso, Sevilla y Huelva. Fenómeno curioso es la persistencia en seguir utilizando el vegetal cuando en Inglaterra, por ejemplo, había sido enteramente abolido su empleo desde 1825.

El atraso de los medios de comunicación y transporte, y la muy aguda crisis naval completaban el cuadro económico de la época.

La población española, pese a las pérdidas cuantiosas que supuso la guerra de la Independencia y la epidemia de fiebre amarilla de 1821, continuó su progresión. El censo de 1822 arrojaba la cifra de 11.661.865 habitan­tes. Según los datos de Miñano, la población española de 1826 era de 13.712.000 almas, de las cuales once millones eran de población rural. Este primer dato pone de manifiesto hasta qué punto la vida real del país giraba en torno a la agricultura. La población estrictamente agraria (los dedicados a la agricultura y ganadería, y sus familias) era de 8.613.460 personas, de ellas 1.836.320 de población activa, así dividida:

364.504 propietarios cultivadores

527.423 arrendatarios, aparceros, etc.

805.235 jornaleros o trabajadores agrícolas

25.530 propietarios de ganado, y 113.628 pastores solteros.

La población industrial activa era de 515.168 personas (2.318.256 incluyendo a las familias: mujeres e hijos), pero la clasificación establecida no permite la más somera distinción en clases. Si está relativamente claro que había 6.824 negociantes y comerciantes al por mayor, y casi 19.000 pequeños comerciantes, por el contrario la cifra de 489.493 personas englobada en los conceptos <<manufactureros y obreros de fábrica>>  presenta mezclados a obreros, patronos y una mayoría de artesanos inscritos en los gremios. Los 20.000 asalariados de la industria textil algodonera y los 13 ó 14.000 obreros dedicados en todo el país a «industrias de transformación del hierro» son ejemplos fehacientes del escaso porcentaje del proletariado industrial. La progresión del último tercio del siglo XIX había sido parada en seco.

Ese primer núcleo de clase obrera barcelonesa fue también el que primero dio síntomas de agitación social. Los fabricantes aumentaban a discreción la longitud de las piezas a tejer, sin que por ello aumentasen la retribución. Las quejas de los trabajadores eran ya muy vehementes al comenzar el año 1831, a lo cual replicaban los patronos que los obreros podían ganar fácilmente de 12 a 14 pesetas por semana, pero que si muchos no alcanzaban esa cantidad era por la costumbre entonces vigente, de hacer fiesta los lunes.

En cuanto a otros aspectos de la estructura demográfica, cabe señalar la disminución del clero (150.000) y de la nobleza (400.000). Pero había alto y bajo clero, alta y baja nobleza. La Iglesia y las órdenes religiosas poseían, según Canga Argüelles, 12.170.000 hectáreas del territorio nacional, sobre 37 millones susceptibles de propiedad; la alta nobleza, y en particular la Grandeza de España (los Medinaceli, Osuna, Alba, Infantado, Arcos, etc.), contaban con pueblos y comarcas enteros entre sus dominios. Los bienes de la nobleza se veían acrecentados por aquéllos que pertenecían a las órdenes militares de caballería: Santiago, Calatrava y Alcántara.

Otras cifras (también de 1826) que contribuyen a darse idea del mantenimiento del viejo régimen en el Estado y en la sociedad son las siguientes: 13.274 empleados de la administración de justicia, 9.683 notarios, 5.882 magistrados y abogados.

Esa fue una época en que la verdadera economía de mercado sólo existía en unas cuantas ciudades y en que la renta del trabajo no se percibía en forma de salario más que en los contados núcleos donde apuntaba la industria. La retribución de los jornaleros agrícolas consistía la mayoría de las veces en el pago en forma de especies (alimentación, alojamiento) o forma mixta. El desarrollo económico, con sus implicaciones sociales, suponía ya un cuarto de siglo de retraso. Sin embargo, a despecho de los factores negativos, el empuje de las fuerzas de producción situaba ya a España en el umbral de nuevas transformaciones económicas.

  1. Tuñon de Lara
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