4º Tema Sobre Historia del Movimiento Obrero

Este, 4º Tema por su importancia, es un poco largo.Importancia, que tendrá para todo el desarrollo de la historia de España y del movimiento Obrero, y para la mejor comprensión de nuestra Historia

 Situación económica y social de España en el periodo 1834-1868

 Los cambios que hemos visto apuntarse en el panorama de la producción española -telares mecánicos, altos hornos, etc- iban a confirmarse plenamente a partir de 1834. No obstante, la primera guerra carlista entorpeció hasta 1840 el desarrollo industrial y comercial, aunque dio lugar a la primera desamortización de bienes de «manos muertas» y contribuyó -por los negocios de aprovisionamiento- a la formación de algunos capitales de importancia que más tarde se invirtieron en la producción.

El gobierno de Martínez de la Rosa liquidaba el monopolio de los gremios por decreto de 20 de enero de 1834, cuyo artículo 1° decía: «Las asociaciones gremiales, cualquiera que sea su denominación o su objeto, no gozan de fuero privilegiado y dependen exclusivamente de la autoridad municipal de cada pueblo». Y el artículo 8°: «Todo individuo puede ejercer simultáneamente cuantas industria posea, sin otra obligación que la de inscribirse en los gremios respectivos de ellas», inscripción de pura forma, puesto que no estaba sujeta a condición alguna. Dos años después, el 6 de diciembre de 1836, se restableció la vigencia de la ley de 8 de junio de 1813, con lo que la libertad de industria fue ya total.

En otro orden de cosas, hay que recordar la ley de minas de 1839, que estimuló la producción del subsuelo y las primeras concesiones para construir y explotar ferrocarriles; éstas se malograron en el período de guerra civil, pero recobraron nuevo y definitivo vuelo en el decenio de los años cuarenta.

La actividad industrial fue aún muy limitada. Los fabricantes vacilaban en adoptar las nuevas técnicas y los hubo, como Tous, Ricart, Santaló y Mar­torell, que habían adquirido máquinas de vapor para sus respectivas fábricas y no se atrevieron a instalarlas hasta al cabo de tres o cuatro años. También es seguro que otros empresarios mantuvieron ocultos durante cierto tiempo los telares mecánicos que habían comprado.

El hecho esencial en este período fue la ley de desamortización, promulgada en 1836 (decretos de 16 y 19 de febrero y de 8 de marzo) por el gobierno de Juan Álvarez Mendizábal, procedente de la burguesía comercial gaditana, enriquecido en dinero y experiencia durante sus años de destierro destierro en Inglaterra.

En la coyuntura de la guerra civil Mendizábal fue un reformador de empuje: promulgó una ley electoral más democrática. De hecho, concedió el derecho de voto a todos los industriales, comerciantes y pequeños burgueses, abolió la Mesta, suprimió las «pruebas de nobleza» para acceder a los establecimientos científicos o militares; llamó a filas a todos los hombres aptos entre dieciocho y cuarenta años, etc. La política económica de Mendizábal fue, antes que nada, una política financiera, encaminada a hacer frente a los gastos del Estado originados por la guerra, pero incidió necesariamente en la estructura económica. Los principios de esa política eran: a) liquidación de todos los créditos no presentados a examen y reconocimiento; b) consolidación de la Deuda pública; c) supresión de institutos monásticos y venta de bienes raíces que hubieran pertenecido a corporaciones y comunidades religiosas; d) declaración de estado de redención de todos los censos, imposiciones y cargas pertenecientes a comunidades monacales.

El llamado por su estatura Juan y Medio empezó por disolver las comunidades religiosas; partiendo de esa base, el principal decreto de Desamortización decía: «Serán declarados en venta, desde ahora, todos los bienes raíces de cualquiera clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo, y también los que en adelante lo fueron desde el acto de la adjudicación.»

Quedaban exceptuados los bienes destinados a servicios públicos o monumentos nacionales, de los cuales fue publicada una relación.

La venta, en pública subasta, debía realizarse en las capitales de provincia y en la Corte. El pago podría efectuarse en dinero o en títulos de la Deuda consolidada. Se pagaría la quinta parte del precio al contado antes de otorgarse la escritura, y el resto en ocho años para los que pagasen en títulos de la Deuda y en dieciséis para quienes pagasen en metálico. La intención reformadora del legislador traslucía en la disposición al decir «que los predios rústicos susceptibles de división se distribuyan en el mayor número de partes posibles. Que estas partes se pongan en venta aisladamente…»

El resultado no fue, sin embargo, la creación de un estrato de campesinos medios que engendrase el capitalismo agrario. Lejos de eso -y a despecho de los anatemas y excomuniones que llovían a granel-, los muy católicos grandes propietarios y miembros de la burguesía de negocios -que además poseían títulos de la Deuda, por entonces muy depreciados tuvieron todo género de facilidades para adquirir las fincas amortizadas y realizar además el negocio redondo de que se aceptasen en pago los títulos de la Deuda por su valor nominal, más elevado que el efectivo.

En suma, no aumentó el número de propietarios, sino el de grandes propiedades o, más exactamente, la concentración de la propiedad. El fenomenal nuevo era la aparición de ricos hacendados, nuevos terratenientes, junto al propietario noble de antaño e incluso sustituyendo a veces al hidalgo arruinado. Socialmente, todos iban a integrarse al cabo de unos cuantos años en la clase de grandes terratenientes, apegados a viejas formas de explotación. La tierra la seguirían trabajando jornaleros, gañanes y yunteros. A los latifundios andaluces y extremeños se añadieron otros de ambas Castillas, etc. procedentes de las casi 100.000 fincas del clero secular y regular que fueron puestas en venta. Por consiguiente -y contrariamente a lo que hubieran podido pensar sus iniciadores- la desamortización -al igual que la que tendrá lugar diecinueve años después- consolidó y aumentó el proletariado agrícola, o sea campesinos sin tierra ni aperos, que venden su fuerza de trabajo para laborar tierras ajenas, y el semi-proletariado agrícola, es decir, campesinos que tienen yunta y aperos con los cuales laboran las tierras ajenas, o que sólo son propietarios de una o varias minúsculas parcelas y que se ven obligados a trabajar gran parte del año en tierras de otros.

Las transformaciones en el ámbito agrario se completaron en aquella época por la puesta en vigor, en 1836, de la ley de Desvinculación y abolición de mayorazgos de 1820, la abolición del diezmo eclesiástico -parte del cual se transfería al Estado- y la abolición definitiva de los señoríos en 1841. La propiedad agraria fue entrando, pues, en el comercio, pero las condiciones en que esto se hizo determinó que ese hecho no fuera un factor de progreso. No deja de ser significativo que durante la primera mitad del siglo XIX, si bien entraron en cultivo unos cuatro millones de hectáreas -en gran parte, a causa de la abolición de mayorazgos-, aumentando con ello la producción, el rendimiento por hectárea disminuyó notablemente. Las inversiones fueron casi nulas, y las herramientas y aperos de lo más primitivo; ya hacia 1860 se utilizaron abonos en algunas explotaciones de Cataluña y Levante, pero aquello fue un fenómeno extraño que no tuvo seguidores. La Edad Media gravitaba aún sobre los campos de Espa­ña. Así alcanzaron todo su significado movimientos y revueltas como la de los campesinos de Málaga en 1840, pidiendo la distribución de tierras. La aspiración de entonces era el acceso a la propiedad de un pequeño predio para trabajarlo con su familia. El mito de «el reparto de tierras» dominó el proletariado agrícola durante el siglo XIX, pero no ya en el XX, en el que ha ido adquiriendo conciencia de la explotación colectiva agraria.

Entre las raras voces del campo progresista que criticaron la desamortización descolló la de Álvaro Flórez Estrada, cuya penetrante visión de economista enfocaba la cuestión de cómo cambiar las bases de la estructura agraria. Lo que criticó Flórez Estrada no fue el principio, sino el método de la desamortización. «No hay que vender -decía en su importante trabajo publicado en El Español del 28 de febrero de 1836- los bienes nacionales, ya procedan de la Iglesia, de los Municipios o del Estado mismo. Hay que darlos en arriendo enfitéutico y crear una clase campesina estable.» Y añadía: «Con el plan de venta, todas las clases de la sociedad quedan altamente perjudicadas; sólo ganan los especuladores en la degradación del género humano; sólo ganan los hombres habituados a enriquecerse escandalosamente en pocos días, sin más trabajo que el de especular sobre la ignorancia y miseria de los pueblos, sobre la injusticia y la desfachatez de los gobernantes».

La subida al Poder de un gobierno reaccionario en 1844 fue causa de que se suspendiera la venta de fincas desamortizables. Al año siguiente comenzaron a devolverse a la Iglesia los bienes que todavía no habían sido vendidos, devolución que fue confirmada por el Concordato de 1851; el Estado se comprometió igualmente a presupuestar una cantidad anual para el sostenimiento del culto y clero.

La revolución de 1854 planteó de nuevo el problema de la desamortización, extendiéndose esta vez a las «manos muertas» civiles, es decir, bienes baldíos, propios y concejiles de los pueblos. La Ley de Desamortización de 1855 es debida al entonces ministro de Hacienda, Pascual Madoz, y a una Comisión redactora de las Cortes constituyentes, que la votaron. Esta decía en el preámbulo que «la ley propuesta es una revolución fundamental en la manera de ser de la nación española; es el golpe mortal contra el abominable viejo régimen». Así fueron puestas en venta «toda clase de propiedades rústicas y urbanas, censos y foros, pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, a cofradías, obras pías y santuarios, a los bienes procedentes del secuestro de los del infante Don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública y cualesquiera otros bienes pertenecientes a manos muertas».

Aquella ley significaba el triunfo en toda la línea del liberalismo económico. En realidad, sus consecuencias fueron todavía más graves que las de la primera desamortización (eclesiástica), puesto que al liquidar los bienes comunales de los pueblos asestaba un duro golpe a los campesinos pobres. Los campesinos quedaron privados de terrenos para pastos, caza, leña y carboneo. Hubo hasta más de 700 pueblos que protestaron de los fraudes y abusos cometidos con los bienes comunales por la Comisión técnica agraria. La operación de venta fue todavía de más difícil acceso a los labradores modestos, ya que si bien se pagaba al contado la décima parte y había un plazo de catorce años para satisfacer el resto, si por desgracia suya el comprador no pagaba a su tiempo el primer plazo era sancionado con multa de 250 pesetas, y si no hacía efectiva ésta, podía ser encarcelado.

La desamortización eclesiástica tampoco duró mucho en aquella su segunda salida por tierras de España. Tan pronto como el gobierno de Es­partero fue sustituido -tras el inevitable golpe militar- por el de O’Don­nell, los consejeros clericales de la Reina impusieron la suspensión de la venta de bienes de manos muertas. Dos años después (1858) una nueva ley ordenaba la prosecución de la desamortización civil. La eclesiástica fue objeto en 1861 de un nuevo acuerdo entre el Estado y el Vaticano. La desamortización fue aceptada en bloque como un hecho y la Iglesia indemnizada por títulos de la Deuda al 3 por ciento y el reconocimiento para el futuro del derecho a adquirir y conservar bienes de toda naturaleza sin cortapisa alguna.

El resultado global de las desamortizaciones fue la venta de 165.459 fincas rústicas y 23.633 urbanas, así como 122.295 censos y foros.

La propiedad agraria siguió concentrada en pocas manos, o bien esparcida, por otro lado, en insignificantes parcelas. En uno y otro caso faltaron los elementos para crear un mercado interior vigoroso y para plantearse el problema de aumentar los rendimientos que significaba el aumento de inversiones y la modificación de técnicas. Ya no había señoríos, pero el trabajador agrícola quedaba inerme ante el latifundista, al tiempo que se frustraban los métodos de explotación agraria capitalista en el campo español. Si por un lado, en el siglo XIX se asistió a la esclerosis de las estructuras agrarias de España, por otro la puesta en cultivo de grandes extensiones de tierras dio lugar a una notable expansión agrícola en orden a la superficie cultivada y al volumen total de producción, ya que no al rendimiento. El ascenso demográfico exigía ese aumento en orden a los cereales, mientras que el desarrollo de la producción vitivinicultora y olivo-aceitera era determinante en la estructura del comercio exterior.

La exportación iba a ser causa del gran «tirón» de viñedos y caldos que duró casi todo el siglo. Precisamente en este sector es donde apuntó la producción relativamente moderna al compás de la penetración de capitales británicos para explotar los vinos de marca de la región sudo-occidental de Andalucía. En general, puede decirse que el libre comercio de productos agrícolas, implantado a partir de 1833-1836, fue también factor de primer orden en la relativa expansión de la época. Con todo y eso fueron harto frecuentes las crisis de subsistencias. Recientemente, los trabajos de Nicolás Sánchez-Albornoz han puesto de manifiesto la existencia de un ciclo agrícola docenal a lo largo del siglo, con crisis periódicas, debido a la comercialización de cereales enrarecidos en el mercado tras malas cosechas.” Algunas de estas crisis tuvieron amplias resonancias sociales. Al final del período que estudiamos resultaba evidente que se había extendido el cultivo del trigo a regiones poco aptas para ello, con formas de explo­tación inadecuadas y los consiguientes bajos rendimiento. La idea de que España podría ser un país excedentario en trigo quebró definitivamente, al choque con la realidad, en el último tercio del siglo XIX.

La ganadería, ateniéndose a los censos ganaderos de la época -que, por lo contradictorios, no parecen mucho de fiar-, no debió experimentar grandes variaciones, lo que -teniendo en cuenta la progresión demográ­fica- no haría sino complicar la cuestión de las subsistencias. Bien es verdad que la carne era artículo de lujo (Moreau de Jonnes calculaba en1834 que sólo consumían carne el 12 por ciento de los españoles) y que la leche y productos derivados que más se consumían eran los de cabra y oveja, con excepción de la zona periférica del Norte y Noroeste.

La progresión demográfica a que hemos hecho referencia es dato esencial para mejor calibrar la época. De los 12 millones escasos de habitantes en 1833 se pasó a 15.454.000 en 1857. Este fue el cuarto de siglo de mayor empuje demográfico, al cual no deben ser ajenos fenómenos como el desarrollo industrial, la expansión agrícola, el desarrollo del comercio y los primeros ferrocarriles. Naturalmente, esa progresión -la disminución de mortalidad también- sólo repercutió en la población activa a partir de 1855-1865. Todavía en 1857, el 37 por ciento de la población estaba compuesta por menores de 16 años. Si tomamos en consideración los datos, siempre discutibles, de 1858, la población activa era de 4.829.596 personas, de las cuales 443.593 obreros de la industria, las minas y el transporte. En cuanto a los 3.219.000 «individuos que cultivan la tierra», son una mezcla de jornaleros, arrendatarios, aparceros, pequeños y grandes propietarios.

Conviene observar la progresión de los grandes núcleos urbanos que, en definitiva, viene a ser los lugares esenciales del mercado de trabajo, allí donde los diversos patronos reclutan la mano de obra. Madrid había más que duplicado su población desde 1800 a 1861, en que ya tenía 375.795 habitantes (aquí intervenía en el crecimiento el fenómeno de centralización administrativa y de ampliación de funciones del Estado, el desarrollo de la rama de servicios, etc.). La progresión fue del mismo orden en Barcelona -primera aglomeración industrial del país-, que contaba 252.000 habitantes en 1861. Destacaban también las numerosas concentraciones urbanas por encima de las 100.000 almas: Sevilla (152), Valencia (145),Málaga, Murcia, Granada …

Hemos apuntado más arriba que las transformaciones económicas más notables tuvieron lugar a partir de 1840, una vez superados los vaivenes de la guerra carlista. Hubo, ciertamente, la crisis internacional de 1843, pero sus consecuencias fueron rápidamente vencidas y la tendencia inflacionista, así como las constantes especulaciones a que se entregaban los llamados hombres de negocios, produjeron una intensificación de la acumulación capitalista a expensas, naturalmente, del conjunto de la población trabajadora.

La transformación del equipo industrial de la producción textil fue un hecho decisivo. En 1846 se importaron máquinas de hilatura por valor de 15 millones y medio de reales. Había ya entonces casi 4.000 telares mecánicos; la fuerza de vapor empleada en la industria textil catalana pasó en seis años de 201 a más de 2.000 caballos de vapor.

En 1840-1841 había en Cataluña 11.032 máquinas de hilatura, 1.206.378 husos y 3.221 telares de tejidos. El número de obreros era de 97.346 y el capital invertido de 424 millones de reales.

Aquellos fueron los años de concentración industrial, de nuevas inversiones y desaparición de lo más modesto de la producción artesana. El hecho de que la materia prima -el algodón- se desembarcaba en el puerto de Barcelona y de que las cercanas cuencas fluviales permitían un buen aprovechamiento de la energía hidráulica favoreció la localización de esta industria en Cataluña. Pero también hay que tener en cuenta la existencia, ya tradicional, de las familias burguesas catalanas que habían creado las bases de la industria textil durante el siglo XVIII y también de los hombres de la burguesía comercial catalana -Güell, López, etc.- que habían formado sus capitales gracias a la explotación de las colonias, de los que hablaremos más adelante. No obstante, la industria textil se desarrollaba también, por los años cuarenta, en el País Vasco, Málaga, Alicante, Caste­llón, Baleares y Valladolid. Pero esa industria dispersa, y por lo general más primitiva, no tardó en ser vencida por la competencia de la catalana.

 En 1846-1847, el capital invertido sumaba 600 millones de reales y la producción oscilaba entre 23 y 28 millones de libras de algodón, mientras que el número de obreros era sensiblemente igual (97.786). La introducción, a partir de 1844, de las máquinas llamadas selfactinas permitió un aumento de primer orden en los trabajos de hilatura. Por otra parte, el desarrollo de la industria textil algodonera en Cataluña estimuló a su vez la localización de la lanera en Sabadell, Tarrasa y Manresa, con la consiguiente decadencia de los tradicionales centros laneros de Castilla.

En 1860, el capital invertido era de 1.000 millones de reales y había instalados 7.800 caballos de vapor. El proceso de concentración continuaba: 3.600 fábricas, en lugar de 4.583, y aumento del número de obreros, que pasaba a 116.000. Si es cierta la cifra dada por Garrido sobre el valor de la producción algodonera en 1861 -1.237 millones de reales-, los beneficios debían ser exorbitantes. No obstante, esas cifras, así como el número

muy inferior de obreros que da el mismo Garrido, se prestan a ponerlas en tela de juicio. Aunque no sean exactas, el período se caracterizó por ganancias fabulosas de los fabricantes.

Los salarios, según los datos dados medio siglo después por el Anuario Estadístico de la ciudad de Barcelona (1905) y utilizados por Marvaud, eran de 2,87 pesetas para impresores de tejidos; 3,08 para los hiladores; 2,25 para los tejedores en talleres mecánicos y 2,44 para los tejedores en seda. Garrido -citado por Núñez de Arenas- establecía un promedio de 1,58 pesetas, elle puede acercarse a la verdad teniendo en cuenta el número de mujeres y niños que trabajaban en las fábricas. Muchas obreras textiles sólo cobraban dos reales al día.

La guerra de Secesión norteamericana creó entre 1862 y 1866 una situación difícil a la industria algodonera catalana, a lo que se unió la crisis económica de 1866. Pero la situación se restableció hacia 1867 y se inició un nuevo «despegue».

Otro rasgo importante del desarrollo capitalista de esta época fue el establecimiento de una verdadera siderurgia en el norte de España. No se trataba, sin duda, del establecimiento de una gran industria, sino de la realización de inversiones más o menos dispersas por el capital comercial acumulado hasta entonces.

Un hecho importante en lo que podríamos llamar la «historia antigua» del desarrollo capitalista español fue la constitución, el 8 de junio de 1841, de la sociedad Santa Ana de Bolueta, en Vizcaya, por el negociante Romualdo Arellano, el banquero Tomás Epalza y Joaquín de Mazas. Esta empresa levantó tres altos hornos en 1843; absorbió la Ibarra y Cía., que había explotado desde 1827 la ferrería del Poval: se amplió con la entrada de los Zubiría, Mier, y Gorostiza en 1846, y se creó con ellos la fábrica Nuestra Señora de la Merced; levantó en Gueriezo (Santander) un horno de carbón vegetal; explotó el mineral de los yacimientos de Somorrostro y en 1848 adquirió el mineral de Monte Ollargán. Al mismo tiempo, el francés Lam­bert, en cooperación con una compañía británica levantó en Mieres el primer alto horno que funcionó con carbón de hulla (1848). Poco a poco surgieron también otras explotaciones siderúrgicas en Asturias (Sama y Villayana) a causa de la proximidad de yacimientos carboníferos. En este período se fueron introduciendo los hornos de pudelado y pequeños trenes de laminación. Pero se trataba de una industria todavía muy local, pues se tropezaba con el grave obstáculo de la carencia de verdadero mercado nacional. En 1848 había en España diez altos hornos, 366 herrerías comunes y 98 hornos de calcinación. La producción fue de 23.413 toneladas de hierro maleable y 16.946 de hierro colado, cantidades irrisorias para el nivel de producción europeo. En 1850, la producción de mineral de hierro alcanzo a 69.123 toneladas.

Los talleres metalúrgicos fueron desarrollándose, sobre todo en Cataluña. Tras «El Vapor» de los Bonaplata  y la «Nueva Vulcano», Nicolás Tous fundó en 1841 «La Barcelonesa», empresa de construcción de maquinaria.                                      Poco a poco se procedió a nuevas inversiones y a la creación de sociedades anónimas en el decenio 1840-1850. Pero eran todavía los balbuceos; el capital, producto de la acumulación agraria, apenas entraba en el mercado o, si lo hacía, se orientaba hacia operaciones especulativas, tan emboja entonces.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Apuntaron al mismo tiempo los esfuerzos hacia los tendidos ferroviarios: en 1848 se inauguró la línea Barcelona – Mataró,  impulsada por los Rocay Viada, éste enriquecido en las colonias. Tres años más tarde se inauguró el ferrocarril de Madrid a Aranjuez, proyectado por Salamanca, negociante y político fabuloso, pero al que difícilmente puede considerarse como un hombre de empresa moderno.1 En 1855 se puso en funcionamiento el ferrocarril de Langreo; en Levante se inauguró el tendido Valencia-El Grao en 1853 y Valencia Játiva en 1855, bajo el impulso del marqués de Campo.                                                                                                                                                                                       El ferrocarril de Madrid-Aranjuez dio lugar a habladurías, por no decir a escándalos. Con Salamanca montaron el asunto el conde de Retamoso, cuñado de la reina gobernadora, y otros personajes. Cuando en 1847 se quedaron sin un céntimo, el gobierno decidió que el banco de San Fernando les hiciese anticipos. Daba la picara casualidad que Salamanca era ministro de Hacienda de ese gobierno que prestaba dinero a Salamanca en su otra personalidad, la del hombre de negocios. Por aquel entonces el general Mazarreno, el ya mencionado Tomas de Epalza y varios banqueros franceses y británicos formaron  una compañía en Paris para construir y explotar una línea ferroviaria de Irún a Madrid, por Bilbao. No tardo  en meterse Salamanca en el asunto, valiéndose -como de costumbre- de la ayuda estatal. Pero la cosa se fue arrastrado y, en 1855, la promulgación de una nueva ley de concesiones ferroviarias, que las impulso considerablemente, tuvo como contrapartida que los bilbaínos perdiesen sus posiciones y que el asunto, plateado quedase en manos de empresas extranjeras.

 A pesar de la crisis económica europea de 1847, que alcanzó de lleno a España, el período en general fue de prosperidad para la burguesía, y en él se produjo la capitalización (inversión) de ciertas riquezas que hasta entonces no habían entrado en el mercado. En 1845 apareció el Banco de Barcelona, con 100 millones de reales de capital, fundado por la casa Gi­rona, Clavé y Compañía, y en Madrid el Banco de Isabel II, creado por el conde de Santa Olalla, a la sazón ministro de Hacienda. Este banco quedaba  autorizado a emitir cédulas al portador pagaderas en el acto de su presentación a la Caja de Madrid, podía hacer descuento de títulos a cuatro meses, anticipos sobre hipotecas, créditos mediante pignoración de las propias acciones, etc. En resumen, era un instrumento de inspiración oficial para impulsar los negocios de la burguesía, mientras el Banco de San Fernando quedaba como instrumento de la política financiera del Gobierno. El Banco de Isabel II precedió al de Barcelona y dio lugar a su creación. La operación fue típica en su género: Santa Olalla estaba muy relacionado con Manuel Girona, interesado en la creación del banco catalán, y el duque de Sotomayor era íntimo amigo de Gaspar de Remisa-marqués de Remisa- una de las más fuertes personalidades de la burguesía cata­lana, quien a

 

1 «José Salamanca, hijo de un médico de Málaga, asociado con el banquero brasileño Buschental -que ya había disfrutado la prebenda del monopolio del Estanco de la Sal- jugaba a la bolsa asociado con el general Narváez. Exagerando las noticias de los levantamientos liberales de Rengifo y Zurbano, dio la falsa noticia de una revolución general, jugó a la baja y ganó una fortuna, a repartirse con su cómplice Narváez. Otra jugada alcista les hizo perder una buena cantidad de millones, pues estaba ba­sada sobre la negociación del Concordato, que fracasó. Desde entonces, Narváez rompió con Salamanca y se convirtió en su peor enemigo. Pero el financiero mala­gueño encontró la amistad poderosa de Mr. Bulwer, embajador británico.» (Tuñón de Lara: La España del siglo XIX, pág. 84-85).

su vez figuraba en el Consejo del Banco de Isabel II. Se creó, pues, el Banco de Barcelona, con privilegio de emisión, que también tenía de hecho el de Isabel II, compitiendo en este dominio con el de San Fer­nando. En 1847, el Banco de Barcelona tenía 30 millones de reales en bi­lletes puestos en circulación. En cuanto al Banco de Isabel II, entregado alegremente a la especulación -no en vano figuraba Salamanca entre sus consejeros- fue a dar de bruces con la crisis de 1847. Gaspar de Remisa y el duque de Sotomayor -entonces jefe del Gobierno- se pusieron de acuerdo para salvar la situación a base de fusionar los Bancos de San Fer­nando y de Isabel II, rematada por Salamanca, otra vez instalado en el ministerio de Hacienda. De esa conjunción nació el Banco Español de San Fernando, no sin que la liquidación del Banco de Isabel II fuese escandalosa, con un desfalco de 14 millones en efectivo y 61 de la Deuda. El Banco de Barcelona salvó la crisis reforzando la reserva metálica, suspendiendo la entrega de billetes en los pagos y acordando un dividendo pasivo de 12,5 por ciento en metálico. En Madrid se vivía en la época de la especulación de aristócratas, aventureros y altos funcionarios; en Barcelona, la de los comienzos del desarrollo capitalista. Al mismo tiempo se creaban el Banco de Cádiz (1846) y una sociedad de crédito, la Valenciana de Fomento (1848).

El desarrollo industrial, a excepción de Cataluña y Vizcaya, siguió lento e inseguro. Entre las empresas importantes que se crearon entonces en Cataluña cabe señalar la Catalana de Alumbrado del Gas (de capital francés), las fábricas de papel La Gerundense y La Aurora; Navegación e Industria, Fundición Barcelonesa de Bronces, etc. Otras sociedades anónimas de aquel período fueron las textiles Industria Malagueña y Tejidos de Lino de Rentería, la Palentina-Leonesa de minas de hulla y hierro, y un poco antes, en 1840, la Sociedad de Puentes Colgantes, creada por la sociedad fran­cesa Seguin et cíe. A partir de 1854 estamos en presencia de una nueva etapa de expansión, a la que no fue ajeno el bienio de gobierno liberal, con la promulgación de leyes como la de ferrocarriles, la bancaria y la de segunda desamortización. También fue la fecha en que las inversiones extranjeras -esenciales en el capitalismo español- adquirieron su verdadera significación y dimensiones; la progresión demográfica cobró toda su importancia, así como el aumento de medios de comunicación y transporte, la consolidación de un mercado nacional, etc. El desarrollo de la empresa capitalista acarreó la formación de una clase obrera relativamente densa en los núcleos de aglomeración urbano-industrial; la estructura latifundista, después de la segunda desamortización, reforzó la existencia del proletariado agrícola. En suma, fue el primer período notable de progresión capitalista que, sin embargo, chocaba ya con la estructura agraria y semi-señorial del país, con el régimen político dominado por la nobleza terrateniente, con el lastre inmenso del campesino mini-fundísta, del taller artesano, del pequeño comerciante. Las contradicciones de la España moderna comenzaban a manifestarse e iban a salir a la superficie en el período de crisis revolucionaria de 1868-1873, que se saldó con el fracaso de lo que hubiera podido ser una revolución burguesa. Volvamos a los años del decenio cincuenta. Ya conocemos el progreso experimentado por la industria textil con grandes empresas como La España Industrial (desde 1848; 50 millones de reales de capital), la Fabril Algodonera (1852, 14 millones), la Igualadina Algodonera (1857, 10 millones), la Comercial (1857, 12 millones) y en Madrid la Fabril y Comercial de los Gremios (1849, 30 millones). Los Güell (que regresó enriquecido de Cuba hacia 1840), Tous, Fa­bra, etc. no tardaron en ponerse a la cabeza de los empresarios catalanes y de la junta de Fábricas, expresión de la burguesía industrial de la época.

Por otra parte, las minas de cobre (Riotinto) y mercurio (Almadén) doblaban su producción entre 1850 y 1857; las de plomo de Linares pasaron de 9.697 quintales en 1850 a 24.000 en 1855. Con 28.554 obreros trabajando en la minería, la producción de hulla superó las 320.000 toneladas al acabar el decenio (1860) y la de hierro llegaba a 173.210 toneladas. No pueden compararse estas cifras con los ocho millones y medio de toneladas de hulla y casi un millón de mineral de hierro producido al mismo tiempo en Francia, pero en el ámbito nacional significaba el franqueamiento de una etapa decisiva. En el progreso de la siderurgia fue determinante la transformación de la empresa de los Ibarra que, deseosos de establecerse junto a la ría bilbaína para vencer las competencias, fundaron en Baracaldo la fábrica Nuestra Señora del Carmen, en 1856; en 1859 montaron allí mismo ocho hornos para fabricar esponja de hierro y en 1860 la fábrica La Purí­sima Concepción llegó a producir 1.500 toneladas de hierro laminado. En 1859 se construyó en La Felguera (Asturias) el primer alto horno, propiedad de don Pedro Duro; la Bolueta aumentó, por su parte, la producción y las instalaciones de altos hornos. A partir de estas fechas (1859), la generalización del empleo de la hulla en la siderurgia iba a constituir un elemento decisivo de impulsión. En 1860, según los datos de Garrido, había en España 600 establecimientos metalúrgicos, comprendiendo 802 hornos y 280 forjas, en los que trabajaban 13.085 obreros. Entre las grandes empresas de esa época, ocupó un lugar sobresaliente La Maquinista Te­rrestre y Marítima en Barcelona, nacida de la fusión de las empresas Espa­ró y Tous, y Ascacibar y Cía. En cuanto a la industria ligera, ésta seguía, a excepción de la textil, en los moldes de la producción artesana. Por ejem­plo, la industria harinera contaba con 11.000 propietarios y 22.000 obreros; las industrias del corcho y del papel seguían reducidas igualmente a las dimensiones de la pequeña empresa. No obstante, este decenio se caracterizó, como llevamos dicho, por un desarrollo del espíritu de empresa y, fundamentalmente, por el tendido de las grandes líneas ferroviarias y la aparición en masa de las inversiones extranjeras. La ley de concesiones ferroviarias fue promulgada por el gobierno liberal de Espartero-Madoz el 3 de junio de 1855 y otorgaba todo género de ventajas a los capitales extranjeros que se invirtiesen en la construcción y subsiguiente explotación de líneas férreas. Esta ley, en el preciso momento en que se habían terminado los grandes tendidos europeos y en que el mercado mundial de capitales iba a adquirir un tono de saturación con la crisis de 1857, fueron de primera importancia para que los capitales franceses –y también otros belgas y británicos- se precipitaran en España.

En esta historia de las inversiones extranjeras ocupan un primer lugar los hermanos Isaac y Emile Péreire, banqueros franceses, que ya habían creado en el vecino país Le Crédit Mobilier y la Compagnie du Midi, que realizó el tendido ferroviario de Burdeos a Bayona y Hendaya. A comienzos de 1856 los Péreire consiguieron que el gobierno español autorizase a su empresa Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, con 456 millones de reales de capital nominal y 68,5 de capital efectivo. También participaron en la empresa otros capitalistas franceses, entre ellos los Fould y el duque de Morny. El fin del «Crédito» era la creación de «toda clase de empresas de ferrocarriles, canales, fábricas, minas, dock, alumbrado, rotu­ración, irrigaciones…» y «encargarse de la fusión o transformación de toda clase de sociedades comerciales». Como puede verse, los propósitos no podían ser más ambiciosos. En realidad, antes ya de la creación del Crédito Mobiliario, habían solicitado la concesión de los tendidos ferroviarios de Madrid a Irún, en unión de sus asociados Joaquín Osma, Enrique 0’Shea y el ex ministro francés Duclerc, refugiado en España durante el Segundo Imperio, que mitigaba los sinsabores del destierro con la representación de los acaudalados Péreire. La constitución en 1858 de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte (hasta el nombre es una mala traducción del francés), con la participación de otros franceses -Brunet, Bruckére, Lé­mery, Delessert, duque de Galliera, Stern, etc.-, españoles -Carlos M. Calderón, generales Lersundi y Córdoba, Ignacio Olea, Luis González Bra­vo, etc.- y belgas -la Banque de Belgique y la Société Générale de Belgi­que pour 1’industrie nationale-, puso en manos de este grupo financiero, para muchos años, una parte considerable de las comunicaciones ferroviarias de España. Al mismo tiempo, el grupo del Crédito Mobiliario dominaba también la línea de Córdoba a Sevilla -en la que también participó el banquero francés Laffitte-, la Compañía del Gas de Madrid, las minas de carbón de Orbo y Valderrueda, etc.

Los otros grupos extranjeros no se dormían, y en primer lugar los Rotschild, cuyo representante en España, Veiswiller, era sumamente activo. En combinación con los Urquijo, Ortueta, Bermúdez de Castro, Duque de Sevilla, etc. crea la Sociedad Española Mercantil e Industrial, de 304 millones de reales de capital nominal y 91,2 de efectivo. Con Veiswiller compartía las responsabilidades Ignacio Bauer, nacido en Budapest e ins­talado en España desde 1848. Por otra parte, el grupo Grand Central de France, presidido por el conde de Morny, e integrado por el conde de Le Hon, Chatelin y de la Haute, puso los ojos en el negocio de tender nuevos ferrocarriles. Todos se relacionaron con el inevitable Salamanca, que tenía en el bolsillo la concesión del ferrocarril de Madrid–Almansa. Trapicheos, reuniones y tráfico de influencias desembocaron en la creación de la Compañía de Ferrocarriles de los Pirineos a Madrid y al Mediterráneo, en septiembre de 1856, transformada tres meses después en Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, de la que también formaban parte el general Ros de Olano, el político financiero Mon y varios más. Este mismo grupo lo veremos, en 1859, al frente de los Ferrocarriles de Pam­plona a Zaragoza, con el también inevitable general Fernández de Córdo­ba, fiel caballero de la Reina, y el general Lersundi, que fue entre otras cosas jefe del Gobierno de S. M. Las 240.000 acciones de los «M. Z. A.» habían sido suscritas por Rotschild y su grupo. La función de un general Ros de Olano, de un Mon o de un Salamanca no era, pues financiera. Como tampoco contaban las mínimas 500 acciones -menos de mil reales en efectivo- de un duque de Alba en la Compañía del Norte. La oligarquía aristocrática, los políticos que frecuentaban la antecámara regia, los militares -más o menos vinculados en los grupos políticos- no cumplían mayor función en estas empresas que la de facilitar la ayuda del Poder – no se puede hablar en esa época de liberalismo «puros»-, cubrir las apariencias y hasta dar lustre y abolengo a las sociedades de inversión y explotación. En cambio, su función en el desarrollo capitalista del país fue bien parva. En cuanto a las inversiones españolas específicamente industriales se localizaban en Cataluña y País Vasco y algo en Asturias; esas tres zonas iban conociendo ya unas relaciones de producción más modernas que se diferenciaban netamente de las del resto de España. Las industrias siderúrgicas, textil y minera recibían la mayor parte de las inversiones, además de aquellas otras de carácter parasitario que se orientaban hacia las compañías de seguros y hacia las concesionarias de obras y servicios públicos. (En 1859, las sociedades anónimas concesionarias de obras públicas totalizaban más del 60 por 100 de los capitales invertidos, y sabido es la fuerte proporción que en ellas había de capital extranjero.) Para completar el panorama de los tendidos ferroviarios debemos citar la puesta en marcha de los siguientes ferrocarriles: el de Sevilla a Jerez y Cádiz (1854-1861), que más tarde fue a parar al marqués de Casa Loring, uno de los fundadores de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces; el pequeño de Cádiz a Puerto Real; el de Bilbao-Tudela, único de capitales españoles (los Arellano y otros vascos, que el Banco de Bilbao salvó de la quiebra en 1866), que se inauguró en 1863. Hay que añadir el ferrocarril minero de Triano, decisivo para la industria vasca, inaugurado en 1865. En resumen, el tendido ferroviario que en 1853 no llegaba a 200 kilómetros alcanzó los 1.120 en 1859, y 2.596 en 1862. En 1864 funcionaba ya la línea directa entre Madrid e Irún.

No hay que olvidar, entre las grandes empresas extranjeras que pusieron por entonces manos a la obra en nuestra patria, a la Compañía General de Crédito de España, en poder de capitales franceses y en cuyo Consejo de Administración figuraban los Guilhou, Jardin, Chabard, Hoffer, Destrem, etc. en unión de los miembros de la nobleza palatina, como los marqueses de Alcañices, de Perales, de Rura-Real, etc. Tal vez fuera esta compañía un caso típico de inversión de capital procedente de la acumulación agraria, bien arropado por capitales extranjeros y, naturalmente, consagrado a actividades concesionarias, de seguros, etc. Esta compañía construyó los citados ferrocarriles Sevilla-Jerez y Puerto Real-Cádiz, así como el de Montblanch a Reus; obtuvo nada menos que seis concesiones provinciales de fábricas de gas, siete concesiones mineras y creo también la importante Compañía de Seguros La Unión. Otra importante sociedad, dominada por Rotschild y su testaferro Veiswiller, fue la Sociedad Española Mercantil e Industrial, en la que colaboraron el duque del Infantado -uno de los primeros terratenientes del reino-, Urquijo, Ortueta, etc. En fin, la Royale Asturienne des Mines, de origen belga, creada en 1853, como ampliación de otra compañía belga instalada en España desde 1833, constituyó desde entonces una primera potencia en la economía española; no sólo fue importante en la producción carbonera, sino que durante un siglo monopolizó el mercado de cinc en España y ha desempeñado -y desempeña- un papel de primer orden en la industria química desde sus primeros pasos. En 1866 se creó también la Tharsis Sulphur de piritas de Riotinto. Las ganancias de aquellas compañías fueron fabulosas, Baste con decir que la Sociedad General de Crédito de España, cuyo capital efectivo era de 133 millones de reales, cerraba va el balance de 1859 (tercero de su existencia) con un saldo favorable de casi 31 millones. Y ¿qué decir del acuerdo de la primera junta de Madrid, Zaragoza, Alicante (enero de 1857), retribuyendo a cada miembro de Consejo de Administración con 20.000 reales al año? Sin duda, aquél fue un momento clave que se necesita conocer a fondo para comprender gran parte de los fenómenos económicos y sociales que han ido encadenándose hasta nuestros días. Los trabajos del profesor Nicolás Sánchez-Albornoz durante los últimos años han hecho prosperar mucho el conocimiento de las sociedades de crédito del capitalismo español de la época. Se trata de un ciclo de coyuntura alcista, que tomó por punto de partida la situación económica mundial creada por la guerra de Crimea, sólo cortado por la crisis de 1857 y, más tarde, por la de 1866. Las investigaciones de Juan Sardá ofrecen esta elevación de precios, a base de los datos publicados en la época por el Diario de Barcelona.

                                                    Años       Trigo      Aceite      Azúcar       Cebada

                                                    1850         72,7        88,0          112,0          55,9

                                                     1860         112,5     111,9        114,6          93,2

Esta fue también la época de florecimiento bancario, pero en la mayoría de los casos no se trataba de bancos orientados a estimular la producción, sino a dedicarse al negocio de emisión, a base de las facilidades que otorgaba la Ley de Bancos de 1856. Aquel mismo año surgieron los bancos de Málaga y Sevilla, y al siguiente los de Valladolid, Zaragoza, Santander, La Coruña y Bilbao (aunque este último merece mención aparte). Muchos de ellos no sobrevivieron a la crisis de 1866. En cambio, el Banco de Bilbao (1857) y el de Barcelona (1844), vinculados al crecimiento capitalista, iniciaron una larga y brillante carrera. El de Barcelona fue creado, como se ha dicho antes, por Girona, Serra y Cía., y el de Bilbao nació con un capital de ocho millones de reales suscritos por Pablo de Epalza, Mariano de Zabálburu, Vicente de Arana, Gabriel María de Ibarra y varios capitalistas más del País Vasco. En 1852 se creaba en Barcelona la Casa Arnús, mien­tras que Antonio López y López de Lamadrid (primer marqués de Comillas), del que ya hemos hablado, creaba en 1864 el Crédito Mercantil (en 1852 había fundado en Santiago de Cuba, con Patricio de Satrústegui, la empresa naviera A. López y Cía., antecesora de la poderosa Compañía Trasatlántica). En Madrid trabajaban casas de banca extranjeras (Laffite,Rotschild), y otras nacionales como las de Manzanedo, Mellado, etc., pero dedicadas principalmente a operaciones con títulos del Estado, órdenes y giros en relación con Cuba y plazas extranjeras, negocios en Bolsa, etc. Una ley de 28 de enero de 1856 creaba el Banco de España, que no era sino una transformación del Nuevo Banco Español de San Fernando, producto de la fusión de los Bancos de Isabel II y de San Fernando que ya conocemos. Su primera emisión de billetes data del 1° de mayo del mismo año y su capital efectivo era entonces de 120 millones de reales.

La progresión demográfica, el aumento de la producción de bienes de consumo, el crecimiento de las aglomeraciones urbanas, los tendidos ferroviarios, el desarrollo de las carreteras (18.000 km., de los cuales 9.500 fueron construidos entre 1843 y 1868), el aumento de ingresos percibidos en forma de salario, fueron otros tantos factores que determinaron una ampliación del mercado interior. Paralelamente apareció la publicidad regular a través de la prensa periódica y las ofertas y operaciones hechas a través de los viajantes de comercio. En lo que se refiere al comercio exterior, la coyuntura favorable a que ya hemos hecho referencia produjo una progresión considerable, pero la importación de maquinaria y materias primas (algodón, hierro), e intermitente mente de cereales, agravaron el déficit del comercio exterior, pese a la neta progresión de la exportación de vinos, minerales (plomo) y el «despegue» de la exportación aceitera de aquella época. La impresión de conjunto es que allí donde se aplicaron las nuevas fuerzas de producción (siderurgia, textil) y transporte, y las nuevas relaciones de producción (capital-trabajo asalariado) tuvo lugar un impulso que sobresalió del resto de la economía del país. El ejemplo más característico fue el de Cataluña y Vizcaya. Las fuerzas del capitalismo las vemos esencialmente representadas por los grupos extranjeros, el vasco y el catalán. Una tarea esencial es tener en cuenta que la acumulación permitida por la explotación de las colonias y del gran comercio derivado de ellas era de todo punto fundamental para echar los cimientos del capitalismo español. Sabemos que hombres de empresa característicos de aquella burguesía, como López y López de Lamadrid, Satrústegui, Juan Güell, Manzanedo, Vinent, etc., amasaron sus capitales gracias a los negocios coloniales. Igual fue el caso de Epalza, que se marchó a Cuba por consejo de Antonio López. Otros, como el marqués de Remisa, se enriquecieron con los abastecimientos al ejército durante la guerra de la Independencia y después con la carlista. La explotación de minas y subsiguiente exportación de minerales fue origen de otras acumulaciones, sin que pueda tampoco olvidarse la que ya procedía de la industria textil catalana del siglo precedente. Las transferencias a la industria de la acumulación agraria serán escasas en estos primeros tiempos. El hecho de que existiera ya esa burguesía suponía implícitamente la existencia de una clase obrera que le vendía su fuerza de trabajo por un salario. El fenómeno, sin dar todavía la tónica a la economía nacional, frenada por el viejo régimen, era ya de gran alcance y explica la aparición del movimiento obrero en la historia de España.

  1. M.T. L.
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