Eutanasia, ¿otro derecho de coste cero?

Siempre he pensado que la libertad de decidir sobre el final de tu propia vida es el último derecho al que debe ser posible apelar. Si la vida te ha llevado a una situación de padecimiento de la que no existen medios para salir, quiénes son los demás para exigir la prolongación de un sufrimiento que les es inevitablemente ajeno. El humanismo mal entendido o el dogmatismo irracional se dan la mano para negar al otro la capacidad de razonar y decidir sobre el nivel de padecimiento propio, físico o mental, que deba considerar tolerable.

Pero precisamente una actitud humanista positiva y global me obliga a pensar que ese último derecho solo puede ser realmente libre después de que se han movilizado y se han mostrado ineficaces todos los medios socialmente disponibles para eliminar o hacer soportable la causa del padecimiento; después de que la sociedad ha utilizado todas sus capacidades materiales y humanas para hacer deseable la continuación de la vida. Y eso si atendemos meramente a un daño ya hecho, pues, yendo aún más atrás, sería necesario que las propias estructuras sociales facilitaran el disfrute de una vida digna de ser vivida. En este sentido deberían operar todos los derechos formales que tan decorativos quedan en Cartas Magnas y declaraciones de DD.HH.: ingresos, vivienda, sanidad, educación, igualdad y todo el conjunto de servicios sociales.

Así pues, existe una tensión entre tipos de derechos. Por un lado los que deben trabajar para garantizar el incremento del bienestar colectivo y evitar el sufrimiento; por otro, los que deben estar disponibles cuando esto no es puntualmente posible. Esta tensión puede estallar en contradicción cuando las relaciones sociales operan restringiendo o desvirtuando unos derechos u otros. Desde un punto de partida material, pues no existe ningún derecho que se sustente en lo ideal, esto es lo que comprobamos que ocurre en el modo de producción capitalista, modo de producción que regula las relaciones sociales actuales. Bajo este planteamiento, es la lógica del capital la que rige en última instancia para: a) aceptar qué es un derecho; b) decidir cómo se hace efectivo; y c) dar lugar a unos resultados prácticos en la aplicación del derecho, independientemente de los inicialmente planteados. Desde la percepción de esta contradicción es donde planteo estas reflexiones ante la posible institucionalización de un derecho cuya reivindicación entiendo y apoyo: la eutanasia.

En estos días se está discutiendo en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para regular la eutanasia y el suicidio asistido. La propuesta cuenta con el apoyo de una mayoría amplia del arco parlamentario. La abstención de Ciudadanos -que en su momento presentó su propia propuesta de ley de muerte digna- debe ser entendida como un sí clamoroso de gran parte de la derecha, pues no dejan de ser conscientes de que su abstención posibilitaría la aprobación de la ley. La amplia aceptación también se refleja en la frecuencia con que este debate vuelve al Congreso de la mano de los defensores más variopintos. Si en su momento fue Ciudadanos y ahora lo hace el Parlament de Catalunya, hace solo unas semanas fue el PSOE como parte de un compromiso con Unidos Podemos.

Para hacer patente la contradicción a la que nos referíamos, hagamos un brevísimo repaso de la actuación reciente de los distintos defensores de la propuesta. Tenemos a un partido como Ciudadanos que es socio de legislatura del Gobierno que más agresivamente ha recortado derechos sociales y gasto público, un partido que se declara abiertamente liberal en lo económico pero que, como todos los que hacen gala de liberales, reclama “firmeza” y mano dura frente a cualquier reivindicación que afecte a los balances de resultados empresariales, incluida la reacción social ante las consecuencias de sus políticas. Tenemos al Parlament de Catalunya, que de la mano de coaliciones de social-liberales (PSOE, ERC) y de derechas (Convergencia en sus múltiples encarnaciones) llevó a cabo los primeros y más brutales procesos de privatización de la sanidad pública y, recientemente, también en la educación. Tenemos al PSOE…, en fin, qué decir del PSOE: ejecutor de la mayoría de las reformas laborales de la democracia -todas ellas regresivas y precarizadoras-, votante de la ley 15/97 de privatización de la Sanidad Pública, firmante del Pacto de Toledo, impulsor de las unidades de gestión clínica en Andalucía que controlan el gasto sanitario público con criterios empresariales, promotor de la reforma constitucional exprés para dar preferencia al pago de la deuda frente al gasto social, etc.

Y no es que esta pauta regresiva responda a un problema de personalidades; no se trata de amiguismo, corrupción o régimen del 78; no es un proceso circunscrito al estado español. Se trata de la inexorable lógica del capital, la de incrementar el beneficio empresarial a costa de reducir el salario de los trabajadores en sus múltiples variantes: directo (el sueldo percibido cada mes), indirecto (servicios públicos) y diferido (pensiones y seguros sociales). Si esta lógica funciona permanentemente -incluso en tiempos de bonanza económica-, se hace aún más necesaria en períodos de crisis capitalista, independientemente de que su aplicación dé lugar en el peor momento a un retroceso en las condiciones de vida y la aparición de situaciones de sufrimiento e incluso desesperación. Pensiones y salarios por debajo del mínimo vital, familias sin casa, carencia de servicios públicos, listas de espera sanitarias para pruebas médicas, diagnóstico especializado, operaciones, rehabilitación, etc.

Sujetos a esta lógica, los partidos de la “izquierda” parlamentaria encarnan de manera manifiesta la contradicción entre la reclamación de derechos y la manera -o la no manera- de ponerlos en práctica. Hace ya años que estos partidos dieron de lado en la práctica a los derechos más básicos al tratarlos como quimeras irrealizables; así ocurrió con el trabajo o la vivienda. Lo mismo está comenzando a ocurrir con las pensiones, lo que se pone de manifiesto en que partidos como el PSOE o los sindicatos de concertación entren en la mera discusión sobre su sostenibilidad. Contrasta este fatalismo ante la pérdida de los derechos que en su día fueron bandera, aquellos que intentan luchar contra la estructura clasista de la sociedad, con la defensa de otros derechos que mantengan la ilusión del progresismo. Eso sí, regulando adecuadamente cualquier nueva ley o su aplicación práctica para no sobrepasar el punto en que pudiera atentar contra la obtención de mayores beneficios por parte del capital.

Es el caso del PSOE y su Ley de Dependencia, una ley más que necesaria pero totalmente absurda si no va acompañada de una muy cuantiosa dotación presupuestaria que el propio Partido Socialista nunca asignará. El mismo partido ha sacado adelante leyes relativas a la memoria histórica, al trabajo de las empleadas de hogar o a los derechos de los homosexuales y de las mujeres, leyes que quieren poner de manifiesto las buenas intenciones del legislador, pero que agotan su recorrido allí donde su ejecución choca con las condiciones materiales, con la lógica del capital.

En Podemos, aun con su escaso currículo de gobierno, ya han dado muestras de seguir el mismo camino. Y no solo al nivel de la payasada mediática, como lo de poner un cartel gigante en el Ayuntamiento de Madrid con el lema “Refugees Welcome” mientras no se acomete ninguna iniciativa destinada a acoger refugiados al nivel de un consistorio de su tamaño y nivel de recursos. Su sumisión a la lógica del capital ha ido quedando de manifiesto según entraban en la política al uso. Así, pudimos ver el viraje de sus propuestas económicas según se aproximaban a posiciones de gestión en el capitalismo. De reclamar la auditoría y repudio de la deuda “ilegítima” antes de las elecciones europeas se pasó, de cara a las autonómicas y municipales, a la mera solicitud de reestructuración, para terminar aceptando totalmente tanto la deuda como su gestión capitalista. Así, vemos al Ayuntamiento de Madrid presumiendo de ahorrar para pagar la deuda heredada más rápido que los populares, o a la Comunidad de Castilla-La Mancha haciendo gala de la puesta en marcha de una escuálida renta mínima que se autoimpone el límite de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Y es que una vez que aceptamos como válido el marco del modo de producción capitalista, la lógica del capital se impone inexorablemente. La lucha de clases permite unos márgenes de acción dentro de los límites impuestos por la obtención de beneficios empresariales, unos márgenes dependientes del momento histórico. Es por ello que en el período de intensa lucha de clases y de beneficios fáciles que se dio en la posguerra mundial se desarrollara un estado social en los países capitalistas avanzados. Pero, por la actuación de las mismas reglas, dicho proceso se revirtió apenas se dificultó la obtención de ganancias. Un partido como Ciudadanos asume estas reglas con toda naturalidad como linea política propia. Por eso no tiene ninguna dificultad en pedir la minimización de servicios públicos, un gasto que restringe el beneficio empresarial. El trabajador se convierte así en un individuo expuesto a los vaivenes de la vida y del mercado. Bajo esta óptica, otorgar el derecho a terminar con la vida propia no supone ninguna contradicción, incluso se puede considerar un ahorro adicional. El problema es que la izquierda está instalada en las mismas limitaciones y se niega a reconocerlo. Su salida es presentar los derechos como metas ideales, eliminar la necesidad de financiarlos o ligarlos a la “buena” gestión del capitalismo, o bien presentarlos como una guerra entre buenos y malos, gestores honrados y corruptos, conservadores y progresistas, etc.

A falta de confrontación el capitalismo goza de muy buena salud, pero es un sistema completamente fallido. Existe una contradicción irresoluble entre el uso que equivocada o falsamente se le atribuye: resolver la reproducción social con mayores niveles de bienestar generalizados; y el uso al que realmente responde: aumentar el producto social en manos de los poseedores de los medios de producción. Es por ello que después de haber desarrollado las fuerzas productivas hasta los más altos niveles, es incapaz de proveer de los bienes y servicios necesarios a enormes capas de la población a la vez que mantiene a un amplio porcentaje de la clase trabajadora de la más variada cualificación en el paro o en el subempleo. Es por ello que el concepto, los límites y el campo de acción de los derechos burgueses se han ido transformando para encajar en este marco deformado. Si queremos disfrutar de un conjunto armónico de derechos dignos de tal nombre debemos construirlos fuera del capitalismo.

autor: duval

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