La reforma laboral (1)

A estas alturas ya no resulta necesario explicar con detalle por qué la Reforma Laboral del gobierno de coalición PSOE-UP, pactada con la gran patronal y los sindicatos de concertación, no tiene nada de trascendental ni de histórica. De hecho, parece que en las últimas semanas se hubiera puesto en marcha una competición entre los defensores y los detractores del Gobierno por ver quién afirma con más contundencia que la reforma no deroga la que realizó Rajoy, ni introduce cambios de relevancia en el mercado laboral español. En ello coinciden los medios afines al Ejecutivo, los diarios económicos defensores de la patronal, los socios parlamentarios, e incluso la FAES de Aznar.

Así que es lógico preguntarse qué motivos hay tras esta reforma que tan poco parece reformar. Habrá quien se conforme con afirmar que había una promesa electoral que nadie iba a olvidar, y que el Gobierno ha optado por pasar ya el mal trago sin cambiar realmente nada relevante. Esta es, sin ir más lejos, la interpretación del propio Mariano Rajoy. No es que este diagnóstico nos parezca incorrecto, pero sí insuficiente. Existen aspectos relevantes que sería interesante ver con más detalle: ¿con qué criterio se han escogido los puntos a modificar y los que no? ¿qué mueve a Bruselas a solicitar y aprobar un determinado tipo de reforma? ¿hemos alcanzado algún punto de estabilidad legal siquiera temporal? ¿podemos esperar algo positivo de las reformas adicionales que solicitan los socios parlamentarios del Gobierno?

Empecemos por la exposición de motivos

El Real Decreto-ley dedica un buen número de páginas a exponer los motivos que, a juicio de los autores, justifican una reforma laboral. Se supone que la nueva ley debería actuar para corregirlos. El problema es que el diagnóstico que expone el texto legal está totalmente equivocado.

Según el texto publicado en el BOEel mercado de trabajo español arrastra desde hace décadas un profundo desequilibrio en términos comparados con los países de la Unión Europea. Ello se debe a que España tiene una tasa de temporalidad y de paro que prácticamente duplica la media europea. […] No existe ninguna razón objetiva en la economía española que justifique este elevado diferencial negativo que tiene profundas y negativas consecuencias sobre la vida y el bienestar de las personas trabajadoras, pero también sobre el modelo empresarial y la estructura productiva de nuestro país.

Si este relato fuera correcto, la situación sería realmente desconcertante. El aumento de la temporalidad de las últimas décadas es consecuencia de la legislación laboral que introdujo el PSOE de Felipe González durante los 1980 y los 90. En aquel momento dicha legislación, que destruía todas las garantías laborales, se justificó por la necesidad de reducir el desempleo. Ahora, el PSOE de los 2020 nos dice que la temporalidad y el paro característicos de España no solo no parecen necesitar una causa que los explique, sino que se convierten ellos mismos en el motivo de un modelo empresarial y una estructura productiva negativos. Es decir, según su propia argumentación, las medidas tomadas por el PSOE en el pasado con la excusa de combatir el desempleo -y a las cuales los trabajadores se enfrentaron con una huelga general- han dado lugar a un mayor desempleo, han generado una temporalidad única en Europa y son la causa de una pérdida de calidad en la estructura productiva nacional. ¡Como para fiarse del PSOE cuando toma decisiones en política económica!

Pero, en realidad, el análisis que hace la exposición de “motivos” del Real Decreto-ley no es más que palabrería. Lo mismo que eran palabrería los motivos que expusieron las reformas de los años 80 y 90. Se trataba entonces y se trata ahora de presentar los males visibles en la superficie de la sociedad como motivos de actuación, cuando en realidad no son más que excusas. En los años 80 y 90 el desempleo fue utilizado como excusa para introducir la temporalidad. Ahora que tenemos desempleo y temporalidad, ambos son utilizados como excusa para imponer más reformas. Pero una cosa es que consideremos que las reformas laborales -tanto del PSOE como del PP- son contrarias a los intereses de la clase trabajadora, y otra cosa distinta es que pensemos que se adopten a tontas y a locas. Así que la pregunta sería: si los motivos que aportan no son más que excusas, ¿con qué fin se llevan a cabo realmente estas reformas?

Bien, así llegamos a la segunda gran falsedad del párrafo que hemos mencionado. Y consiste en hacer creer que la legislación laboral dicta el modelo productivo y empresarial nacional. ¡El mundo al revés! En realidad, el modelo empresarial y la estructura productiva de un país reflejan el modo en el que los capitales de dicho país se integran en la economía capitalista global. En función de las necesidades de dichos capitales, el Estado erige la legislación -incluida la laboral- que mejor las satisface. Solo a partir de ese momento, cuando la legislación que conviene al capital ha sido puesta en marcha, se verán las consecuencias que dicha legislación (que dichas relaciones de producción) tienen sobre la vida y el “bienestar” de las personas trabajadoras. Esa es la manera correcta de leer la realidad material y su influjo en la estructura social.

Los capitales españoles están especializados en sectores de bajo valor añadido. Los capitales que dominan en Centroeuropa operan en sectores que compiten mediante la aplicación de la tecnología más puntera y precisan del uso de una fuerza laboral más cualificada, con lo que cada hora de trabajo -que en estas condiciones es más productiva- garantiza una alta plusvalía al empresario y puede permitir que los trabajadores luchen por retener parte de ese excedente en forma de un mayor salario o mejores servicios sociales. Sin embargo, los sectores en los que está especializado el capital español solo permiten a este aspirar a una tasa de beneficio semejante a la de sus compadres europeos recurriendo al mero trabajo extraordinario del asalariado. Es decir, recurriendo a hacer trabajar al asalariado más horas, con un menor salario directo e indirecto, y, si es necesario, en fraude de ley, en negro o sin papeles. Ambas variantes suponen la extracción de plusvalía mediante la explotación de trabajo asalariado; la obtenida mediante una mayor inversión de capital en tecnología se conoce como plusvalía relativa, y la obtenida haciendo trabajar al asalariado más por menos se llama plusvalía absoluta.

La agricultura, la hostelería, el textil, etc., son todos sectores que precisan de la explotación absoluta para competir en los mercados globales. Es por ello, y no al contrario, que las reformas laborales han favorecido la pérdida del poder de negociación de los trabajadores, la externalización, la subcontratación, el cambio unilateral de condiciones laborales, etc. Es decir, han facilitado de forma creciente la extracción de plusvalía absoluta atendiendo a las necesidades de los capitales nacionales. Cuando la mera explotación no ha sido suficiente, la calculada indefinición del legislador y el saber “hacer la vista gorda” del supervisor no han dudado en facilitar la sobre-explotación, que es lo que ocurre cuando el salario no llega a cubrir ni siquiera el coste de la reproducción del asalariado de acuerdo a los estándares sociales. Ello explica la facilidad con la que se permiten contratos o ERTEs a tiempo parcial en los que se trabaja una jornada completa, la proliferación de mecanismos de contratación en formación en los que prácticamente no se pagan salarios, la impunidad de que gozan los empresarios agrarios para obtener trabajo casi esclavo de inmigrantes sin papeles, etc.

Así pues, es la realidad material cuyas reglas vienen dadas por el modo de producción capitalista, así como nuestra inserción dentro de ese modo de producción en una ubicación concreta, la que ha orientado el camino de las reformas laborales de los últimos cuarenta años. Y es el mismo motivo que explica porqué los autores del Real Decreto-ley recientemente presentado no podían derogar la reforma de Rajoy ni podían hacer más que unos pequeños ajustes para aliviar posibles tensiones que podían volverse contra los propios intereses del sistema.

En la práctica, el Real Decreto-ley ha quitado ciertas prerrogativas abusivas de que han disfrutado los empresarios y que, en su mayor parte, no han necesitado utilizar, y las ha devuelto a unos sindicatos de concertación que ni pueden ni quieren hacer nada con ellas. Prueba de ello es su entreguismo y la pasividad posterior cuando las reformas de Zapatero y Rajoy les despojaron de forma humillante de cualquier capacidad de presión en la negociación colectiva. También se da mucha importancia a que la nueva ley ha mareado con la definición de las modalidades de contratación y con los nombres de determinados tipos de contrato, y ha puesto unos supuestos límites a la temporalidad que son lo suficientemente laxos como para que se puedan interpretar como el mercado lo considere conveniente (ya se encargarán los jueces de hacer de esa interpretación doctrina). Por último, la normalización del recurso al ERTE temporal tiene más que ver con el establecimiento de subvenciones publicas a las empresas en determinadas situaciones (el mismo nombre utilizado ya lo indica: «medidas de flexibilidad interna») que con la utopía de un capitalismo sin despidos. Pretender que estas medidas van a provocar un cambio del modelo productivo que siguen nuestros empresarios cañís es tomarnos el pelo… con mucho, mucho cariño.

(continúa aquí)

autor: Duval

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