Un ataque coordinado contra las pensiones públicas

El sistema público de pensiones es la estructura encargada de gestionar y distribuir el salario diferido. Esto es, la remuneración que reciben los trabajadores tras abandonar su etapa laboral activa. Aunque es diferido por el momento en el que se recibe, no deja de ser salario, pues inevitablemente proviene del nuevo valor que generan los trabajadores activos en el proceso de producción y que, por contrato social, destinan a los trabajadores ya retirados.

Desde la perspectiva contraria, para los capitalistas el gasto en pensiones es totalmente improductivo, pues los perceptores ya no trabajan para ellos, y su reproducción física les trae literalmente al fresco. Es cierto que para un número de empresarios de determinados sectores los gastos de los pensionistas pueden significar unos beneficios importantes -incluso la base de su actividad-, pero para el capital en su conjunto no son sino una merma de plusvalía global. Es por ello que el carácter de sistema público se torna fundamental, pues el Estado actúa como árbitro en este conflicto capital-trabajo, estableciendo la obligatoriedad del sistema y definiendo sus reglas de funcionamiento.

Pero un Estado burgués no actúa por principios o justicia ni se comporta como un árbitro neutral. Su papel mediador solo funcionará en una medida proporcional -aunque no en proporción directa ni simétrica- a la relación de fuerzas de las partes enfrentadas. En estos momentos el capital tiene desatada una feroz ofensiva para incrementar una siempre insuficiente tasa de ganancia [1], variable que es la razón de ser del sistema capitalista. Por su parte, los trabajadores están en sus momentos más bajos de conciencia y organización.

Esta desequilibrada correlación de fuerzas ha desencadenado una guerra de largo recorrido en todo occidente contra los sistemas públicos de pensiones. El objetivo es doble: 1) reducir al mínimo de supervivencia [2] el gasto en pensiones, convirtiendo, por tanto, todas las percepciones suprimidas a los trabajadores jubilados en plusvalía para el capital, y 2) convertir en capital productivo (es decir, gestionado por empresas privadas en lugar de por el Estado) los ahorros para la jubilación de los trabajadores que pudieran permitírselo.

Esta guerra contra las pensiones públicas se dirime inevitablemente en los ámbitos nacionales, donde siguen reposando las legislaciones sociales y laborales. Pero el Estado Mayor del capital se encarga de enviar a sus representantes nacionales su informe periódico de progresos y estrategias a través de organismos internacionales. Así, la OCDE publica un informe bianual con la situación de las pensiones públicas en todos los países miembros de la organización. En dicho informe explica los avances (avances para ellos, retrocesos para los trabajadores) conseguidos en cada país en esos dos últimos años para que sirvan de ejemplo al resto y, como el que no quiere la cosa, insinúa objetivos personalizados por país a lograr para los años que siguen.

El informe de la OCDE correspondiente a 2017 [3] se publicó precisamente hace tres meses, coincidiendo con la campaña de cuestionamiento sobre el futuro de las pensiones -auténtico discurso del miedo-, que se ha desatado en nuestro país.

¿Coincidencias?

El informe no analiza las causas de nada y se limita a dar datos a partir de una situación dada. Una situación dada que, en muchos casos, es consecuencia de que el Gobierno haya aplicado anteriormente medidas recomendadas por la propia OCDE en informes anteriores. Así, por ejemplo, ofrece datos alarmantes sobre la degradación de las condiciones de vida de los pensionistas en las próximas décadas como consecuencia de la bajada en las pensiones fruto de la última reforma de 2013. Esta degradación sirve de excusa para aportar nuevos datos que, según ellos, requieren de nuevos sacrificios.

Los datos más resaltados por dicho informe para nuestro país son dos. Por un lado, el rápido envejecimiento de la población, que solo se espera superior en Japón y que solo crece a un ritmo parecido en Corea del Sur. Curiosamente, esta situación tan anómala se da por descontada, y el informe no intenta ni propone investigar las causas ni buscar posibles soluciones.

Por otro lado, el informe resalta especialmente que la “tasa de sustitución” en España es de las más altas de occidente, incluso tras el seguro descenso que traerá como consecuencia la última reforma de las pensiones de 2013. Y dirán ustedes, ¿qué es esa “tasa de sustitución” cuyo valor tan alto nos debe alarmar?

Para responder a esta pregunta aparentemente tan propia de especialistas, ha aparecido amablemente en nuestra ayuda una organización llamada Inverco que ha creado una página web donde aclara este concepto: “Lo primero de todo es entender bien qué es la tasa de sustitución o de reemplazo. Se denomina así al porcentaje del último sueldo que un trabajador cobra del sistema público cuando se jubila. Si el último sueldo de ese trabajador fue de 1.000 euros y cuando se retira cobra una pensión de 700 euros, quiere decir que la tasa de sustitución es del 70%.

Tras esta explicación sobre el significado de la tasa de sustitución, la afirmación de la OCDE parece sorprendente. ¿De verdad es España un lugar donde la pensión es tan alta con relación al último sueldo cobrado por los trabajadores en activo? Seguramente un extranjero que lea este informe pensará que los españoles vivimos por encima de nuestras posibilidades, cobrando pensiones superiores a las percibidas en Francia o Alemania [4]; sin embargo, un conocedor de la situación española jamás podría creerse que nuestras pensiones pequen precisamente de excesivas.

Y es que el valor de la susodicha tasa de sustitución puede ser cierto, lo cual no quiere decir que sea significativo. Con la definición aportada, una tasa de sustitución puede ser alta tanto si las pensiones son elevadas como, también, si los salarios en el momento de la jubilación son bajos. Y aquí es donde está el secreto, pues no solo los salarios en nuestro país son bajos en general, sino que los últimos años de vida laboral de un trabajador español se ven muy penalizados por el alto nivel de paro, que tanto se ceba con los mayores de cincuenta años.

País

Salario medio en euros (mediana) de un trabajador de entre 55 y 64 años

Pensión media

2008

2016

2015

Noruega

38.935

48.699

18.662

Dinamarca

27.217

34.070

16.045

Suecia

25.555

32.661

15.396

Finlandia

22.227

27.359

13.786

Austria

20.934

26.704

15.609

Holanda

21.286

25.013

19.408

Francia

21.624

23.559

14.258

Reino Unido

20.445

23.206

16.958

Bélgica

17.642

23.188

12.876

Irlanda

23.516

22.955

12.315

Alemania

19.042

22.277

11.284

Italia

17.906

18.506

12.164

España

16.079

15.394

9.181

Portugal

8.743

9.389

6.498

Grecia

11.352

8.200

9.079

Datos de Eurostat

A la vista de estos datos, poner el acento en que los países de la cola destacan por lo cercano entre los salarios y las pensiones y no por lo reducido del salario es una manera muy artera de enfocar el problema. A ello se suma que España es, junto con Irlanda y Grecia, uno de los pocos países que han visto los salarios medios disminuir durante los últimos ocho años.

Sin embargo, el panorama que nos dibujan la OCDE e Inverco es aún más siniestro, pues a nuestra situación de bajos salarios añaden que la famosa tasa de sustitución va a bajar en España como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013. Veámoslo en palabras de Inverco, que destaca por lo gráfico de sus explicaciones: : “Un partido de fútbol en el que sólo puedes ver el primer tiempo. O salir del cine a mitad de la película. ¿Te imaginas tener que vivir con la mitad? Si tienes entre 35 y 45 años, puede que te encuentres en esta situación cuando te jubiles.

¿Quién es esta organización, “Inverco”, tan sincera? ¿Una ONG, un centro de estudios de los sindicatos? Pues nada parecido, Inverco es la “Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones”, es decir, la gran banca. De manera amable y desinteresada se han encargado de crear una página web [5] en la que, con un lenguaje muy sencillo, divulgan justamente los datos resaltados por la OCDE y alertan a los futuros jubilados de todas las miserias que les esperan como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013. Además, para asegurarse de que el mensaje llega incluso a los que no tienen ganas de leer, se han molestado en crear un canal de Youtube en el que un humorista progre de la banda progre de Buenafuente explica a los jóvenes cómo se pueden ir preparando si no “complementan” su pensión. Por su parte, en Onda Cero y en la COPE, Anne Igartiburu [6] hace lo propio para un público más serio.

Pero no es la tal Inverco la única a la que le ha dado por hacer difusión de economía catastrofista entre la población. De manera casi simultánea, Unespa (Asociación Empresarial del Seguro) ha presentado un informe encargado a Afi (Analistas Financieros Internacionales) con el título “Soluciones para la jubilación” [7]. El informe y su presentación siguen la linea de meter miedo: “Quien hoy se retire de la vida laboral perderá una media de 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su vida como jubilado tras las últimas reformas llevadas a cabo en España.” Pero, además, van más allá y alertan sobre los efectos globales sobre la economía española de este futuro descenso de las pensiones: “El análisis advierte de que la reducción de las pensiones públicas de los jubilados […] implicaría un efecto negativo en el conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de trabajo. Ello equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un 3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.”

Obviamente, la intención de Inverco y de Unespa, de la banca y los seguros, es vender -a quien pueda pagarlo- un plan de pensiones, una renta vitalicia, o cualquier otro producto con el que ellos puedan obtener beneficios. Se genera así una rueda en la que, periódicamente, el “experto” recomienda, el gobierno legisla y el capital se valoriza. Del lado contrario, la perspectiva es mucho más sombría: el trabajador más afortunado podrá recurrir a un gasto extra para compensar su menguada pensión, pero para una mayoría significará simplemente la precariedad.

¿Es el futuro realmente tan negro?

Si no hacemos nada, sí.

En lo que respecta a las consecuencias serán incluso peores. En los informes y en las webs referidas cuidan mucho el mensaje para dar a entender que no hay distinciones entre los afectados: antes todos cobrábamos altas pensiones y ahora todos vamos a tener que complementarlas con gasto privado. Pareciera solo una cuestión de quién gestiona mejor su futuro, quién es cigarra y quién es hormiga. Pero la realidad es muy distinta. Cuando el informe habla del poder adquisitivo que perderá un jubilado futuro tras las últimas reformas, lo hace dando por sentado que ese jubilado ha cotizado durante toda su vida laboral. Es decir, en la situación actual de precariedad en la que se encadenan paro juvenil, medias jornadas, trabajo temporal, contratos basura y paro tras los cincuenta, ese jubilado ya tendrá suerte si llega a cumplir las condiciones para cobrar una pensión contributiva. Ni que decir tiene que tampoco tendrá la posibilidad de ahorro para “complementar” nada. A la precariedad laboral seguirá la precariedad en la jubilación. Por eso el mismo informe de la OCDE ya adelanta (aviso para la próxima vuelta de la rueda) que se debería permitir el seguir trabajando tras empezar a cobrar la pensión. ¡No te jode! Es que, si no, al anteriormente conocido como jubilado no le va a dar ni para comer.

Pero volvamos al principio.

Hemos visto que los datos que nos ofrecen expertos, gobierno y banca provienen de presunciones arbitrariamente elegidas; una vez legislado en torno a ellos se convierten en profecías autocumplidas y excusa para otra nueva ronda de manipulación. Infórmate de las posibilidades reales de mantener un sistema de pensiones incluso mejor que el actual. En este documento, por ejemplo, podrás encontrar otro enfoque sobre la sostenibilidad de un sistema público de pensiones.

Como planteamos al principio de este texto, la evolución vendrá dada por la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Por nuestra parte eso se traduce en organización y lucha. Los trabajadores jubilados ya se han puesto a ello. Es necesaria la implicación de todos para que no se cumplan los planes que solo ofrecen precariedad y miseria.

El 17 de marzo la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha convocado manifestaciones en todo el país.

autor: duval

Notas

[1] Ver, también en Crónica de Clase, el artículo “contexto económico y social 2018”

[2] En este nivel de supervivencia cobra sentido la simpatía mostrada por diversos sectores del capital por soluciones tipo Renta Básica. Ver “lo que no te cuentan los progres cuando hablan de la Renta Básica Universal”

[3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Pensions at a glance 2017”. Contiene un resumen ejecutivo específico para nuestro país.

[4] No debería sorprendernos. Tampoco es un caso muy distinto de la campaña de desprestigio que hace unos años se desató contra los trabajadores griegos, una enorme campaña mediática que tuvo un profundo calado en nuestra sociedad.

[5] Que el ahorro te acompañe

[6] Sí, la misma Anne Igartiburu que el pasado 8 de marzo apoyaba la huelga feminista. Parece que la rotura del techo de cristal de las mujeres de su clase es compatible con unas pensiones más míseras para las mujeres trabajadoras.

[7] Una crónica de la presentación está disponible aquí. Un artículo que advierte de los riesgos de la solución propuesta por Unespa se puede encontrar aquí.

pensionesmarzoconvocatoria

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